Organizaciones de ayuda a colectivos desfavorecidos en Galicia denunciaron ayer que los recortes en materia social suponen una reducción del 59% de las ayudas concedidas por Gobierno central y autonómico a "labores sociales de titularidad municipal" y alertaron contra el "desmantelamiento" del sistema de atención a dependientes debido a la rebaja de las aportaciones estatales. En una rueda de prensa ofrecida conjuntamente por representantes de Cermi Galicia -que se ocupa de personas con discapacidad-, EAPN-Galicia -que asiste a personas sin recursos- y el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (Cotsg), estas asociaciones señalaron la "profunda preocupación" ante unos recortes que "aumentan la diferenciación entre ricos y pobres" y "envían a la pobreza a la clase media y baja".
En concreto, destacaron la reducción de la ayuda en "7,2 millones de euros por parte del Estado y de un millón por la Xunta" en su apoyo al Plan Concertado, que financia las prestaciones sociales de titularidad municipal. Además, alertaron de que la moratoria en la atención a dependientes "sin atender a la retroactividad" provocará "que muchas de estas personas fallezcan antes de tener acceso a las ayudas".
La presidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Juana María Tubío, denunció el riesgo que corren los servicios regulados por los ayuntamientos, que no podrán "garantizar las prestaciones básicas a la ciudadanía" al ver reducidas las ayudas gubernamentales en un 45,5% por parte del Estado y un 14% desde la Xunta.
En total, estas asociaciones cifraron el recorte en materia de servicios sociales en más de 394 millones de euros en el conjunto estatal, una reducción del 14% respecto al año 2011; lo que puede acarrear el "despido de personal técnico y responsable de estos sectores".
El presidente de Cermi-Galicia, Anxo Queiruga, criticó "el desmantelamiento de las ayudas a personas en situación de dependencia" que "ya eran insuficientes anteriormente" y que pueden llevar a que este colectivo "renuncie a recibir servicios".
Tubío calificó de "injusta" la rebaja en la "cuantía de la ayuda percibida" y la "anulación de la cotización a la Seguridad Social" aplicada a las personas que realizan tareas de cuidado en el ámbito familiar. Una realidad que "sobre todo afecta a las mujeres".
Por su parte, Queiruga señaló el "ostracismo laboral" al que se ven abocadas las personas con discapacidad con los recortes en políticas activas de empleo, algo que, para la asociación que preside, puede suponer "una tasa de inactividad del 90%" en un sector que "ya superaba la media estatal de desempleo en tiempos de bonanza económica".
Xosé Cuns, presidente de EAPN-Galicia, mostró su preocupación ante el aumento de la pobreza en España que, cada año desde 2009, "se incrementa en un millón de personas".
