Unos 3.000 inmigrantes sin papeles con VIH se van a quedar fuera del Sistema Nacional de Salud y, por ende, de poder acceder a los antirretrovirales. Es la conclusión a la que han llegado los expertos del Grupo de Estudio del Sida (Gesida), que depende de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc). En su último informe, advierten de que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles tendrá efectos "muy indeseables" sobre el control del VIH en España. "La entrada en vigor del real decreto ha restringido significativamente este derecho (de acceso a la Sanidad), de modo que los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes en España solo podrán recibir atención de urgencia si son menores de 18 años o si son mujeres embarazadas", señalan.

El 31 de agosto los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, pues en esa fecha dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente, y cuyos beneficiarios no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país», comentan en su estudio.

Gesida destaca que en España hay unos 400.000 inmigrantes en situación irregular, de los que varios miles estarían infectados por el VIH. De este colectivo solo de ellos entre el 65% y el 70% conocerían su infección y de éstos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). "Más allá de consideraciones éticas", los expertos recalcan sobre el perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, "del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad, aumento de la transmisión del VIH y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del virus", destacan.