El Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer definitivamente la modificación de la ordenanza de civismo para endurecerla y prohibir la prostitución callejera, con los votos del Gobierno municipal de CiU y del PP. El veto entrará en vigor en agosto, aunque durante las primeras semanas no habrá multas, sino avisos de que los servicios sexuales en la calle serán objeto de sanción.
El principal cambio en la ordenanza es la supresión del aviso previo de la guardia urbana y que las sanciones serán mayores para los clientes -a los que se podrá multar aún siendo "potenciales", aspecto que ha pedido CiU- que para las prostitutas, y oscilarán entre los cien euros y los 3.000, en caso de que se mantengan relaciones sexuales retribuidas en la calle y a menos de 200 metros de una escuela infantil.
