Una medida "hipócrita" que solo va a servir para "invisibilizar" el negocio y dejar aún más indefensas a las mujeres que se dedican a la prostitución. Este es el veredicto que las asociaciones gallegas que luchan por la abolición de la prostitución dan a la entrada en vigor, ayer en Barcelona, de la ordenanza de civismo que prohíbe la prostitución callejera con multas que van hasta los 3.000 euros para los clientes y hasta 750 para las prostitutas.
Durante estas primeras semanas, trabajadores de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits) informarán a las meretrices sobre la normativa y la Guardia Urbana avisará a quien solicite servicios sexuales de que esta práctica será sancionada.
Aunque el principal cambio en la ordenanza es que las sanciones serán mayores para los clientes -a los que se podrá multar aún siendo clientes potenciales- que para las prostitutas, y oscilarán entre los 100 euros y los 3.000, las asociaciones gallegas -que ya han estudiado la puesta en marcha de la normativa en Barcelona- aseguran que "las multas solo están afectando a las mujeres, nunca a los clientes, cuando lo que hay que conseguir es que se les visibilice a ellos", critica Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo Galicia. "Esta medida prohibicionista no va a producir ningún cambio y solo sirve para proteger al cliente; es una medida que invisibiliza el negocio que hay detrás de la prostitución y deja a las mujeres aún más indefensas", apunta, al tiempo que asegura que, en realidad, "se trata simplemente de una medida turística para sacar el feísmo de Barcelona".
Médicos del Mundo destaca además que el perfil de las mujeres que actualmente ejercen la prostitución -en Galicia hay actualmente 17.000 plazas donde se ejerce- es el de una emigrante sin papeles que no puede ni siquiera pagar esas multas y que "se está quedando sin asistencia sanitaria".
Por su parte, Carmen Lago, presidenta de la asociación gallega Faraxa pola abolición da prostitución, tacha de "gran hipocresía" esta nueva normativa ya que "lo que busca es ocultar en guetos a las mujeres y dar una imagen bonita de la ciudad, pero no sacar a estas mujeres de la prostitución" que, apunta, en el 95% de los casos se trata de mujeres que no la ejercen de manera voluntaria. "Está muy vinculada a la pobreza y a la emigración y son mujeres que necesitan ese dinero para enviar a sus familias y que no se les ofrece otra alternativa de trabajo, más aún en estos tiempos actuales tan difíciles", sostienen desde esta asociación.
