Entidades como la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) -que representa a casi la mitad de los facultativos de esta rama en el Sergas- o Médicos del Mundo rechazan el decreto del Gobierno que priva de asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. De hecho, en los primeros días de campaña de adhesión al manifiesto que se opone a esta normativa, unos cien facultativos gallegos ya se han adherido, es decir, se han declarado como objetores y aseguran que atenderán a estos ciudadanos. La cifra supera los 900 a nivel estatal. El presidente de Agamfec, Jesús Sueiro, explicó que los facultativos cuentan con el respaldo de los colegios médicos. Además aseguró que tienen informes de la asociación de bioética, que "mantienen simpatía con la declaración de objeción de conciencia".

En todo caso, los médicos gallegos de Atención Primaria reconocen que tendrán dificultades para poder poner en práctica la objeción de conciencia. Al respecto, señalaron que si se desactivan las historias clínicas y las tarjetas sanitarias, debido a la informatización del sistema, será más complicado poder realizar pruebas para un buen diagnóstico o, incluso, conocer los antecedentes sanitarios.

En este sentido, Jesús Sueiro alerta de que esta misma situación se puede dar en la atención urgente, que se mantiene para todos los colectivos. Así, critica que para atender a un inmigrante irregular en este servicio se hará sin acceso a los antecedentes en los casos en que se desactive la historia clínica.

Por otra parte, el Foro Galego de Inmigración, formado por asociaciones y entidades de inmigrantes y que prestan servicios a estos colectivos, aseguró ayer que la propuesta para que los inmigrantes en situación irregular abonen una póliza para poder acceder a la sanidad española es "una terrible injusticia". La asociación -que calcula que en Galicia hay entre 10.000 y 15.000 afectados- considera esta iniciativa "una nueva y lamentable ocurrencia" con la que el Gobierno "intenta disimular la terrible decisión" de dejar "fuera del sistema" a los inmigrantes ilegales, toda vez que "a nivel práctico" sus costes son "imposibles de asumir" para estas personas. "No es aceptable desde el punto de vista ético, porque supone mantener cerrada la atención sanitaria a uno de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad", remarcó. Otras organizaciones en apoyo de los inmigrantes ya han anunciado protestas a nivel estatal. La plataforma Tenemos derecho a la salud sin condiciones aseguró que el 1 de septiembre habrá manifestaciones en distintas ciudades para reclamar al Gobierno que retire el decreto.

Desde otras entidades como UGT o la Coordinadora Estatal de VIH-sida (Cesida) alertan de las consecuencias para la salud pública de sacar a los inmigrantes de la sanidad. "Esta medida provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario", señalaron en Cesida, donde recuerdan que a partir de septiembre los irregulares con sida no tendrán acceso al tratamiento, lo que implicará una "falta de control sanitario" respecto a la transmisión enfermedades infectocontagiosas. Desde UGT temen que fluyan dolencias erradicadas en España.