Los inmigrantes ilegales que residen en Galicia seguirán manteniendo el acceso gratuito a la sanidad ordinaria en centros de salud y hospitales a partir de mañana, cuando entra en vigor la nueva normativa estatal que restringe la atención a este colectivo a las urgencias y los partos. La Xunta aprobó ayer un reglamento que se pondrá en marcha a partir de mañana y que permitirá mantener la sanidad a los sin papeles que tengan unos ingresos inferiores a 532 euros al mes, empadronados en la comunidad y que "no puedan recibir por otros medios" la atención médica.

El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que esta decisión, adelantada ayer por LA OPINIÓN, permitirá "blindar" la atención de los 9.000 sin papeles de la comunidad sin vulnerar la normativa estatal y lo vinculó a las políticas de equilibrio financiero. "Hay que controlar el déficit para hacer estas cosas", argumentó. Se trata de la primera comunidad autónoma gobernada por el PP que aprueba una norma para mantener la asistencia ordinaria a este colectivo, al que el Ministerio de Sanidad solo garantiza la asistencia de urgencias y a embarazadas, menores y quienes sufran enfermedades infecciosas y mentales. El resto que desee recibir atención en los ambulatorios deberá pagarla, en función de una ley de 1986.

A partir de mañana, los inmigrantes irregulares censados en Galicia -para ello no es necesario contar con permiso de residencia- podrán solicitar una tarjeta que emitirá el Servizo Galego de Saúde similar a la sanitaria del resto de ciudadanos. Habrá dos requisitos para acceder a esta categoría, según explicó ayer Feijóo. El primero, no superar el Iprem (indicador público de efectos múltiples) de ingresos mensuales, fijado ahora mismo en 532 euros. El segundo, acreditar que viven en la comunidad.

La normativa gallega, sin embargo, también establece filtros para frenar el "efecto llamada" de esta norma hacia los sin papeles de otras comunidades. El inmigrante que esté censado con anterioridad al 1 de septiembre recibirá atención ordinaria como hasta ahora. El que se cense a partir de mañana la recibirá a partir de que pase un tiempo en la comunidad. El presidente de la Xunta no desveló cuál será ese período mínimo de estancia para evitar que sin papeles acudan a Galicia a empadronarse y recibir atención gratis desde el día siguiente. Feijóo defendió habilitar este mecanismo y ser "muy cautelosos" con la supresión de derechos sanitarios a las personas sin recursos, si bien apostó por paliar el turismo sanitario.

La Consellería de Sanidade publicará hoy en el Diario Oficial de Galicia la instrucción que mantendrá la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y establecerá una moratoria para evitar que los sin papeles se queden sin ella mientras aplica el nuevo sistema. El Gobierno gallego carece de un cálculo sobre el coste que tendrá para sus arcas. "Tenemos que evaluarlos, depende de la edad, las patologías que se tratan etc... Lo importante es mandar un mensaje de que seguirán teniendo una prestación sanitaria", añadió.

Gran parte de las comunidades mantendrán la atención sanitaria ordinaria a los sin papeles en contra del criterio del Ministerio de Sanidad. Galicia es la primera gobernada por el PP que habilita un sistema legal para blindar esa asistencia. También Castilla y León anunció ayer que los atenderá, si bien aseguró que intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria. Su Gobierno, sin embargo, anunció que dejaría "en el cajón de los impagados" los casos sin recursos. Lo mismo hará la también popular Valencia, si bien la diferencia con Galicia estriba en que esta se dotará de un sistema específico.

También mantendrán la atención ordinaria al colectivo País Vasco, Asturias y Andalucía, todas socialistas. Esta última, como Galicia, les concederá una tarjeta temporal. Cataluña, donde gobierna CiU, también aplicará un sistema similar al gallego y exigirá a los sin papeles estar censados al menos tres meses en la comunidad. La norma beneficiará a 180.000 personas.

Desde UGT mostraron sus dudas sobre la constitucionalidad de la decisión del Gobierno de no ofrecer sanidad a los inmigrantes en situación irregular. Asimismo, critica que durante todo el mes de agosto, Sanidad haya lanzado "mensajes contradictorios y faltos de rigor", como que este colectivo se podría suscribir a convenios especiales con la seguridad social, una medida "inviable para los extranjeros en situación irregular".