Galicia no dejará sin cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles pero, de momento, el Sergas no ha concretado qué requisitos se les exigirá para que acrediten que están en situación irregular en la comunidad y que carecen de recursos económicos. Tras el anuncio la semana pasada por parte del Gobierno gallego de que la asistencia está asegurada, falta por definir exactamente los justificantes que cada persona de otro país que necesite ir al médico en Galicia deben entregar.
Los inmigrantes y las organizaciones encargadas de velar por sus derechos desconocen qué se les va a pedir para tramitar su situación de "sin papeles y sin recursos", lo que está causando incertidumbre tanto para los que carecen de tarjeta como para los que necesitan renovarla al estar pendientes de tratamientos u operaciones. Por otra parte, los médicos (ni en ambulatorios ni en Atención Especializada, según fuentes consultadas) aún no han recibido instrucciones concretas de los requisitos exigibles en cada caso.
Sergas y ONG tienen pendiente una reunión que se celebrará en los próximos días para concretar el papeleo que deben aportar los extranjeros. Mientras esta parte de la tramitación no se concrete, el Sergas garantiza la primera consulta. A partir de ahí cada inmigrante debe acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social para consultar su situación: puede tener condición de asegurado con la tarjeta oficial, de beneficiario por parentesco o acogerse a un convenio de pago anual. Si no tiene derecho ni a tarjeta sanitaria ni a beneficiarse de un convenio, la Xunta les ofrece el Programa galego de protección social da saúde pública, en donde encajarán los inmigrantes con escasos recursos económicos. La clave está ahora en qué documentación pedir a este colectivo teniendo en cuenta las dificultades burocráticas que presenta este colectivo a la hora de reclamar certificados en su país de origen.
Fuentes de la Consellería de Sanidade explican que están trabajando con las ONG para concretar esta tramitación: "El objetivo es darles asistencia sanitaria y que no exista ningún tercero obligado al pago, sea un país o una aseguradora". En el fondo se trata de evitar fraude y casos de "turismo sanitario". Desde el Foro Galego de Inmigración piden a la Xunta "que se facilite la incorporación de este colectivo". "Los requisitos no pueden ser muy complicados porque, de serlo, la regularización de su situación sanitaria tardará más. Querer evitar casos de turismo sanitario, que son puntuales, no debería frenar la cobertura de la gente sin recursos. Es difícil que obtengan certificados económicos en sus países", explican desde este foro.
Las asociaciones SOS Sanidade Pública, Asociación Galega de Medicina Familiar, Médicos do Mundo y el Foro Galego de Inmigración (FGI) denunciaron ayer la "xenofobia institucional disfrazada de crisis" que implica el decreto con el que se "cierra la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad" al colectivo inmigrante en situación irregular, según afirmó la portavoz de Médicos del Mundo, Alicia Ares. En una concentración frente al ambulatorio compostelano Concepción Arenal, Ares advirtió de que la "moratoria de seis meses" es un "rumor" que no se puede "tomar en serio" hasta su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
La Red por el Derecho a tener Derechos, que aglutina a más de treinta colectivos en defensa de los inmigrantes indocumentados que se quedaron sin tarjeta sanitaria en España, anunció ayer que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "cada caso" de desatención grave a estas personas. El Ministerio de Sanidad anuló el sábado la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la sanidad pública. Si las autoridades sanitarias "no cumplen" -en la asistencia a pacientes crónicos, embarazadas o menores- o si no se respeta la normativa internacional, los colectivos de la Red no dudarán en denunciar la situación de quienes sean víctimas de una violación de su derecho a la salud y a la vida, reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
