Las cifras oficiales establecen que casi 40.000 gallegos padecen alguna enfermedad mental pero, según los expertos, el número de pacientes que sufren patologías psiquiátricas graves y crónicas, como psicosis, trastorno bipolar o esquizofrenia en sus múltiples variantes, es "mucho mayor". De hecho, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la prevalencia de esta última dolencia ronda el 1%, con una incidencia anual de 10 a 15 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes. Un aumento de casos que contrasta con el estigma "social e institucional" que, 25 años después del cierre de los manicomios, sigue existiendo sobre estos pacientes.

-¿Cómo es la situación de las personas con enfermedad mental en Galicia?

-Realmente mala. Las personas con enfermedad mental, aparte de recibir una asistencia sanitaria, tienen también derecho a algo mucho más importante, que es su integración social. Las asociaciones de familiares y afectados llevamos veinte años luchando contra un estigma que perpetúan las propias administraciones públicas, al limitar la recuperación de estos pacientes al ámbito sanitario, cuando es solo una parte del problema. Rehabilitar las capacidades perdidas tras sufrir un brote es fundamental para que estos enfermos puedan retomar su vida y, en este terreno, no se han dado pasos. Hay una promesa legislativa, por parte de Benestar, de incluir en su cartera de servicios sociales la enfermedad mental, pero hasta que no salga publicada en el Diario Oficial de Galicia, no deja de ser eso, una promesa.

-¿Afecta la crisis a los recursos que las administraciones públicas destinan a la atención de este colectivo?

-A nivel de sanidad no ha habido recortes, y los programas de rehabilitación, los pisos tutelados y las residencias mantienen estable su financiación. En otras áreas, sin embargo, sí se ha producido una reducción de fondos, de en torno a un 7,5% en los dos últimos años.

-¿Cómo se materializan esos recortes?

-Feafes-Galicia, y las asociaciones que integra, son entidades sin ánimo de lucro, que destinan el 100% de sus recursos a pagar las nóminas de sus trabajadores y a generar servicios asistenciales. Una parte muy significativa de las subvenciones que recibimos son para financiar determinados programas. Si desaparece una de esas ayudas, desaparece el programa al que iba destinada. Aún así, creemos que recursos hay, pero están distribuidos de forma aleatoria y poco racional...

-¿A qué se refiere?

-A las diferencias de miles de euros que hay, por paciente y año, entre las ayudas que se destinan a ciertos colectivos de personas con discapacidad y las que recibimos otros. Es muy injusto. Las administraciones están para garantizar que todos tengan mismos derechos... Otro aspecto que nos preocupa es cómo se aborda el problema. Mientras las asociaciones trabajamos de manera inclusiva, tratando de reintegrar en la sociedad a las personas con enfermedad mental, parece que se busca institucionalizar, de nuevo, a estos pacientes...

-Uno de los mayores retos de las asociaciones es la integración laboral de estos enfermos...

-Sí, el nivel de cobertura social de las personas con enfermedad mental es muy bajo, calculamos que está en torno al 8% o al 10%, pero es que su integración laboral apenas llega al 5%. Esto nos preocupa especialmente, ya que lo que mejor pronostica la evolución de la enfermedad mental, por encima incluso de los tratamientos farmacológicos, es la integración laboral.

-Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. El lema de este año es La salud mental, la mejor inversión.

-Sí, queremos recordar a las administraciones que el gasto en salud mental es una inversión. Un tratamiento integral, además de mejorar la recuperación de estos enfermos, genera un ahorro en el gasto público, puesto que reduce las partidas más costosas, que son los ingresos hospitalarios y las urgencias.

-En España, el 80% de las personas con enfermedad mental viven con sus familias... ¿Cómo les afecta esta situación?

-La enfermedad mental es la discapacidad con mayor impacto sobre las familias que son, por otro lado, el único recurso social que tienen la mayoría de estos pacientes. Desde Feafes creemos que esto es una realidad que hay que cambiar, porque, en caso de quiebra de la unidad familiar, se quedarían sin el único apoyo que tienen. Por eso insistimos en que hace falta un esfuerzo específico por parte de la Presidencia de la Xunta, para coordinar a los distintos sectores sociosanitarios implicados en el tratamiento y la rehabilitación de estos enfermos.