La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, anunció ayer que recurrirá en el plazo de cinco días la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a adoptar medidas para que nueve alumnos de seis familias reciban una enseñanza en catalán y castellano a partes iguales.
Rigau defendió que no existe "riesgo de daño" con la inmersión lingüística actual como para adoptar medidas cautelares en favor de las seis familias, al entender que así lo atestigua el éxito demostrado por el sistema aplicado en Cataluña durante los últimos 30 años.
"No es fuera de Cataluña donde se nos tiene que decir cómo y cuándo debemos enseñar en catalán", remachó la consejera al criticar la reforma educativa que plantea el Gobierno central, y celebró que el tribunal, en la misma interlocutoria, haya denegado la petición inicial de las familias de extender el citado modelo bilingüe al resto de la clase de los alumnos afectados.
Rigau hizo un llamamiento también para que deje de judicializarse el modelo educativo catalán, y dio a entender que las peticiones realizadas por estas seis familias responden a "peticiones extraescolares" motivadas más por cuestiones políticas que pedagógicas.
La consejera catalana precisó que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) ya prevé una atención personalizada para los alumnos de parvulario que así lo soliciten, lo que afecta a la mayoría de los demandantes, ya que de los nueve alumnos solo hay uno de Primaria, dos que cursan la ESO y uno más de Bachillerato.
