Las alarmantes declaraciones del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, expresando su "preocupación" ante la situación de pobreza infantil en general y de malnutrición, en particular, que pudo comprobar durante su reciente visita a España, parecen no haber caído en saco roto. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación de oficio, con la colaboración de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para saber cómo afecta la crisis económica a la calidad de la alimentación de los menores españoles.
La oficina del Defensor del Pueblo explicó ayer, en una nota, que es consciente de que las Administraciones Públicas han detectado este problema y están tomando medidas para garantizar una alimentación básica a estos menores. No obstante, y teniendo en cuenta la proximidad del periodo de vacaciones escolares, Becerril ha solicitado información sobre el número aproximado de menores que pueden estar en esta situación y sobre las intervenciones que se están llevando a cabo para atender la alimentación adecuada de los mismos. Además, quiere conocer el coste y las previsiones temporales para la puesta en marcha de medidas destinadas a paliar estos problemas.
La institución considera que la alimentación infantil debe ser una prioridad para los servicios sociales de las comunidades autónomas y, en ese esfuerzo, deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas. Por este motivo, tras conocer informes que alertaban de situaciones de alimentación inadecuada de los menores, la defensora ha decidido iniciar esta investigación de oficio para promover e incentivar medidas que palíen la malnutrición infantil.
Desde hace ya algunos meses, entidades de acción social como Cáritas o Unicef alertan sobre la aparición de casos de la malnutrición infantil en España, una situación que atribuyen a la precaria situación económica por la que atraviesan miles de familias y a los recortes en las becas para los comedores escolares en algunas comunidades autónomas.
El secretario general de Cáritas en España, Sebastián Mora, ha reconocido, de hecho, que la pobreza afecta ya al 25% de los niños españoles, un índice que está por encima del de la población general, que se sitúa en el 23%.
Guillermo Mora ha insistido, no obstante, en que "los comedores sociales no son espacios para niños" y que por eso, intentan que no haya menores en sus comedores.
