Las cifras oficiales establecen que más 40.000 gallegos padecen alguna enfermedad mental, pero, según los expertos, el número de pacientes que sufren patologías psiquiátricas severas y crónicas, como trastorno bipolar, de la personalidad o esquizofrenia, "es mucho mayor". La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece, de hecho, que la prevalencia de este último trastorno ronda el 1%, con una incidencia anual de 10 a 15 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes. Un aumento de casos que contrasta con el estigma "social e institucional" que, casi tres décadas después del cierre de los antiguos manicomios y la integración de los servicios de salud mental en los hospitales generales, sigue existiendo sobre estos pacientes y sus familias, el único recurso social con el que cuentan la gran mayoría de ellos.
"Las personas con enfermedad mental, aparte de recibir una asistencia sanitaria, tienen también derecho a algo tan importante como es su integración social. Las asociaciones de afectados y familiares llevamos treinta años luchando contra un estigma que perpetúan las propias administraciones públicas, al limitar la recuperación de estos pacientes al ámbito sanitario, cuando es solo una parte del problema. Rehabilitar las capacidades perdidas tras sufrir un brote es fundamental para que estos enfermos puedan retomar su vida y, en este terreno, no se han dado pasos", lamenta el presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en Galicia, Xosé Ramón Girón, quien reconoce que "hay una promesa legislativa, por parte de Benestar, de incluir en su cartera de servicios sociales la enfermedad mental". "Ese decreto-ley ya debería estar funcionando este año, pero está un poco paralizado con el tema de la crisis, aunque confiamos en que, finalmente, salga adelante", señala.
En similares términos se expresa el responsable de la sección de Psicoloxía Clínica del Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia (COP-Galicia), Xavier Sardiña, quien reconoce el esfuerzo realizado por la Xunta con la aprobación del Plan Estratéxico de Saúde Mental 2006-2011 - "fue la primera vez que la Administración gallega comprometió una partida de gasto para desarrollar ese nivel asistencial", remarca-, aunque lamenta que "se haya quedado a medio desarrollar" y que, "ahora, con la crisis económica", se haya cerrado el grifo. "Es como si algo que se consideraba prioritario se haya dejado de ver así", señala Sardiña, quien afirma que el sistema "no descansa sobre las instituciones públicas, sino sobre el tejido organizativo familiar". "Las asociaciones de familiares son las únicas entidades capaces de atraer recursos de la Administración y, gracias a ello, han logrado crear una auténtica red asistencial, con residencias y centros de recuperación psicosocial y laboral", remarca.
La directora de la Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña, Esther Monterroso, también lamenta que una parte tan importante para la recuperación de los pacientes con enfermedades mentales graves, como es su integración sociolaboral, "no esté todavía cubierta por la Administración". "En Galicia, las asociaciones trabajamos coordinadas con los servicios sanitarios, que nos derivan a pacientes, y es verdad que contamos con unos conciertos con Sanidade para desarrollar determinados servicios, pero desde hace unos años, las aportaciones que recibimos por plaza están congeladas", apunta y reconoce que la demanda es tan elevada que, "en ocasiones, hasta tenemos lista de espera para algunos servicios". "En todos ellos, a excepción de los pisos protegidos, estamos por encima de las plazas", recalca.
Monterroso asegura que los dos grandes retos de las asociaciones gallegas que trabajan por los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias son, en la actualidad, "tratar de mantener y, si es posible, aumentar los recursos asistenciales" que ofrecen y que desarrollan, "siempre, en coordinación con los servicios sanitarios", y "combatir el estigma social" que todavía pesa sobre el colectivo. Un estigma social que, según Xavier Sardiña, pesa también "sobre las familias, sobre los amigos e, incluso, sobre los profesionales" que trabajan en el ámbito de la salud mental, y esto a pesar de que "la integración de los servicios de salud mental en los hospitales generales" supuso "un gran avance".
"Desde el punto de vista sanitario, uno de los grandes retos es terminar de integrar todos los aspectos relacionados con la asistencia médica de este colectivo, intentando trabajar de manera más estrecha con los servicios de Atención Primaria, algo que es fundamental", apunta el responsable de la Sección de Psicoloxía Clínica del COP-Galicia, quien asegura que también sería importante "reducir el actual predominio del enfoque biologicista" al abordar la patología mental. "La propia definición de 'enfermedades mentales' puede ser engañosa, se debería hablar de trastornos o déficits, ya que tienen un gran impacto de tipo psicológico y social", sugiere Sardiña.
El presidente de la Asociación Gallega de Psiquiatría, Francisco Doce, también reconoce que, en las dos últimas décadas, "ha habido avances importantes" en la atención a los pacientes con enfermedad mental, aunque admite que todavía queda "un largo camino" por recorrer. "Aunque todo es siempre mejorable, podemos decir que la atención clínica de los pacientes con enfermedad mental en Galicia está a un buen nivel", apunta este especialista, quien admite, no obstante, que el gran reto ahora es "no perder lo conseguido e intentar, en la medida de lo posible, incrementar la aportación de recursos a la integración y el apoyo social de estos enfermos". "Este es el punto de partida para acabar con otros problemas muy graves como son, precisamente, el estigma social", indica Doce.
Las asociaciones de enfermos y familiares temen, sin embargo, que la tijera amenace la implementación de la atención comunitaria, que es el modelo que defienden y que, denuncian, parte ya de un desarrollo insuficiente. "El gasto en salud mental es una inversión", subraya Xosé Ramón Girón, quien asegura que un tratamiento integral, además de mejorar la recuperación de estos enfermos, "genera un ahorro en el gasto público, puesto que reduce las partidas más costosas, que son los ingresos hospitalarios y las urgencias". El presidente de Feafes Galicia, insiste, además, en que esa federación, y las asociaciones que integra, son "entidades sin ánimo de lucro, que destinan el 100% de sus recursos a pagar las nóminas de sus trabajadores y a generar servicios asistenciales". "Una parte muy significativa de las subvenciones que recibimos son para financiar determinados programas. Si desaparece una de esas ayudas, desaparece el programa al que iba destinada", destaca Girón.
En el ámbito de la atención sanitaria de los pacientes con enfermedad mental, el jefe del Servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Manuel Serrano, asegura que no se han producido recortes, aunque considera "necesario plantear" estar cuestión "para evitar tentaciones de retroceder en el camino recorrido". En el área sanitaria de A Coruña, Serrano reconoce ciertas carencias, como un déficit en el número de camas en la unidad de hospitalización de agudos del Hospital de Oza, que han tratado de suplir desarrollando alternativas, como la puesta en marcha de una unidad de hospitalización a domicilio, "única en España". "En tiempos de crisis, hay que buscar fórmulas alternativas que nos permitan garantizar la mejor atención a estos pacientes, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también en lo social", señala.
Especialistas sanitarios y asociaciones coinciden en destacar que las familias, y sobre todo las madres, son el eje fundamental para el cuidado de los enfermos mentales más graves. "Cuidar a uno de estos enfermos es una lucha permanente. A veces no asumen que padecen un trastorno mental aunque estén diagnosticados", señala Esther Monterroso. También Girón insiste en que la enfermedad mental es "la discapacidad con mayor impacto sobre las familias que son, por otro lado, el único recurso social que tienen la mayoría de estos pacientes" y destaca que esta es "una realidad que hay que cambiar, porque, en caso de quiebra de la unidad familiar, se quedarían sin el único apoyo social, y económico, que tienen". "La enfermedad mental suele aparecer a edades tempranas, en la adolescencia o juventud, lo que convierte a estos pacientes en un colectivo frágil, ya que la gran mayoría no ha podido terminar sus estudios y ni siquiera cuenta con experiencia laboral, lo que hace dificilísimo que puedan acceder a un puesto de trabajo. De hecho, su integración laboral apenas llega al 5%", subraya.
Neste 2013 celebramos o 30º aniversario do nacemento do movemento estatal de defensa das persoas con enfermidade mental, que nos inicios promovía o peche dos manicomios e reivindicaba unha atención axeitada ao noso colectivo e un apoio para os familiares que, na gran maioría dos casos, eran e son os únicos coidadores.
Tres décadas máis tarde, en Galicia, o noso movemento social está composto por catorce entidades e arredor de 5.000 persoas asociadas. Os datos da Xunta falan de que na actualidade as persoas con discapacidade por mor de doenzas mentais ascenden a 41.447, sendo o colectivo que maior discapacidade e carga asistencial e familiar xera.
O balance destas tres décadas non é demasiado positivo. Aínda que hai que recoñecer certos avances na atención comunitaria, que é o modelo que defendemos, tamén é certo que queda moitísimo por facer. Ademais, a crise económica pón en perigo os aínda escasos avances conseguidos.
A solución é unha atención integral e un esforzo compartido e coordinado dende os departamentos de sanidade, benestar social, educación e emprego e, por outro lado, dun intenso apoio e protección aos familiares, que somos case o único soporte asistencial.
