La Xunta adeuda 1,7 millones de euros a las farmacias, lo que la sitúa entre las cinco comunidades con menor morosidad con el sector tras Asturias y Castilla-La Mancha -al día de sus pagos-, Extremadura -1.800 euros-, Cantabria -471.730- y Navarra -517.490-. Así se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto Ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que detalla que en el total del estado, las comunidades deben a las farmacias un total de 797,82 millones.
El texto también indica que las comunidades con mayor concentración de facturas pendientes de pago a farmacias son Valencia, con 191,72 millones; seguido de Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36) y País Vasco, con 123,22. De hecho, en la primera comunidad las farmacias han alertado de la morosidad y del cierre de negocios debido a los impagos de autonómicos.
Este documento, al que tuvo acceso Europa Press, fue aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros y busca "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable, y el periodo medio pagos".
Por otra parte, las comunidades adeudan a las universidades públicas 1.061 millones de euros, siendo Andalucía la que mayor deuda concentra, con 500 millones, seguida de Cataluña, con 226,3, y Valencia, con otros 208,69. Eso sí, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas y están al día de sus pagos.
Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la "tercera y
última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá un máximo de 19.350 millones, de los que 15.324 corresponderán a facturas de las comunidades. Estos fondos, sin embargo, "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público" porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera, según alega el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Según el documento, este decreto busca dar una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas.
En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.
El mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de comunidades y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo.
