La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, aseguró ayer que su departamento "conseguirá" más dinero para la investigación y el desarrollo científico y que, al menos, ella lo ha pedido.
Vela se mueve en medio de la polémica entre la comunidad científica y el Gobierno, tras la señal de alarma enviada días atrás por el director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo.
Sociedades y organizaciones científicas, universidades y sindicatos, reunidos en el colectivo Carta por la Ciencia, advirtieron ayer de que los problemas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no son un caso aislado, sino que se repiten en todo el sistema de ciencia, y pidieron una "reunión urgente" con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Carmen Vela, que ayer participó en un desayuno de trabajo en Madrid, se parapeta en el crédito extraordinario concedido en junio a su departamento por importe de 104 millones de euros. "Es una buena señal", dijo, pero es sólo la "primera parte de otras partidas que estamos poniendo en marcha". La secretaria de Estado de I+D+i da por hecho que habrá este año una convocatoria de proyectos y programas, que quiere que salga "en condiciones" y que sea "razonable". De los 104 millones aprobados recientemente saldrá este proyecto.
El colectivo Carta por la Ciencia señala, por su parte, que la "posible quiebra" del CSIC es "una buena muestra de la gravedad de la situación" por la que atraviesa el sistema de ciencia y tecnología, en el que "la práctica suspensión de actividades amenaza la ejecución de proyectos de investigación en curso, muchos de los cuales forman parte de consorcios internacionales".
La pasada semana el presidente del principal organismo de investigación, Emilio Lora-Tamayo, dijo que el CSIC necesita "imperiosamente" 75 millones de euros más antes de final de año, para evitar un "cataclismo" (se sumarían a los 25 ya aprobados). El colectivo Carta por la Ciencia subraya en un comunicado que el problema del CSIC afecta a todos los organismos públicos de investigación, universidades y el resto del sistema de I+D+i. Las declaraciones de Tamayo sirvieron de detonante para una nueva campaña de concienciación, que logró reunir en tan sólo tres días las primeras 60.000 firmas de apoyo a la ciencia en España.
Esta situación, indican los científicos, es el resultado de los sucesivos recortes presupuestarios, a los que se ha añadido el incumplimiento sistemático de los plazos de las convocatorias y sus resoluciones.
A juicio de este colectivo, desde que desapareció el Ministerio de Ciencia e Innovación (la investigación depende ahora del Ministerio de Economía y Competitividad), los responsables de la política científica "perdieron peso político, visibilidad y capacidad de interlocución" con la comunidad científica.
Según el colectivo, la I+D, ahora "estrangulada" puede jugar un papel clave en el cambio de modelo económico, y "su boicot es un boicot al país", por eso piden al Gobierno planificación y estabilidad, "y la aportación inmediata de los fondos que permitan poner en marcha el plan estatal".
