El Consejo de Estado echa en falta un estudio profundo del Ministerio de Educación sobre las consecuencias para la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento del alumnado que tendrán unos requisitos académicos más exigentes en la obtención y renovación de becas generales. "En todo caso, el sistema de becas y ayudas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes", señala este organismo.
El Consejo hizo esta petición en el dictamen preceptivo que emitió en su momento sobre el proyecto de condiciones económicas y académicas de becas y ayudas al estudio del curso 2013-2014, antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, el pasado día 2. Al mismo tiempo, matizaba el Consejo, tampoco debería servir el sistema para desincentivar a los propios alumnos que, sabedores de que recibirán la ayuda, olviden que el éxito en los estudios debe intentarse siempre.
El Consejo, en principio, no apreció que el proyecto fuera contrario al ordenamiento jurídico, aunque matiza que no podía evaluarlo con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio "detenido" de sus repercusiones. Según el Consejo es "significativo" que la memoria del análisis de impacto normativo que acompañaba al proyecto no indicara cuál es el efecto social que "previsiblemente" tendrá la nueva norma. No se apunta siquiera, advertía, cuántos ni qué tipo de alumnos pasarán a obtener becas o las perderán.
El Gobierno aprobó subir hasta el 6,5 la nota de selectividad para optar a una beca universitaria y mantener el 5,5 para exención de matrícula.
