La decisión de la Consellería de Sanidade de establecer en un decreto los mecanismos para la explotación comercial de los hallazgos que realizan sus centros de investigación a través de la creación de empresas spin-off o mediante la cesión de resultados a compañías privadas recibe el visto bueno de los científicos que trabajan en los diferentes proyectos, quienes aplauden que se "regule" una cuestión -sobre todo los porcentajes de beneficios- que hasta ahora tenían que negociar proyecto por proyecto los propios investigadores.
El presidente de la Asociación de Investigadores Parga Pondal, Miguel García, que lidera el grupo de investigación de Nefrología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, de entrada ve la propuesta, todavía un borrador, "positiva", junto a los porcentajes de reparto de beneficios fijados. El autor de la investigación recibiría la mitad de las ganancias, mientras que el restante 50% se repartiría entre el centro o departamento del que salga el proyecto (un 20%) y el Gobierno gallego (un 30%).
García, quien asegura que el modelo de explotación comercial que propone el Ejecutivo autonómico es muy similar al de Estados Unidos -donde el equipo investigador también suele recibir la mitad de los beneficios por la explotación de sus hallazgos-, cree que el borrador permite a los científicos conocer las "reglas de juego". A su juicio, el decreto -aunque matiza que solo conoce los detalles básicos- "va a fomentar que aquellos investigadores que apuestan por una investigación traslacional (encaminada a aplicar los conocimientos obtenidos mediante ciencia básica a productos de los que puedan beneficiarse los pacientes) se vuelquen en ella porque van a sacar beneficios directos, aparte de los beneficios que recaerán en la propia institución para la que trabajen".
Precisamente este biólogo, que ha patentado un método de diagnóstico para detectar quistes renales y que ahora trabaja en el desarrollo de otro test más rápido que pueda ampliarse a otras enfermedades poliquísticas, está estudiando la posibilidad de crear una spin-off -una de las vías que fija Sanidade en el decreto- para comercializar su producto, pero se halla aún en fase de captación de capital.
Con todo, García, comparando otra vez el sistema de Sanidade con el estadounidense, afirma que se trata de un "modelo meramente productivo". Al respecto, se pregunta si "no implica que de algún modo se está forzando un poco a los investigadores a abordar cuestiones que repercutan económicamente en el sistema público". Porque, recuerda, no toda las investigaciones son "aplicables" de forma inmediata -la investigación básica- y "son igual de necesarias".
La investigación básica, destinada a obtener conocimientos, es la que permite que después puedan realizarse experimentos de cara a hallazgos concretos. Por ejemplo, si no se descubrieran las bacterias, los científicos no podrían buscar vacunas o antibióticos para combatirlas.
También comparte su preocupación por la inversión en investigación básica el farmacéutico Ezequiel Álvarez, miembro del grupo de investigación de Cardiología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde trabaja en cardiopatías isquémicas, infartos y su prevención buscando dianas terapéuticas contra esas enfermedades. Para Álvarez, la investigación básica, que no ofrece resultados vendibles de inmediato, "se está olvidando" pese a ser fundamental. "Se enfatiza la innovación y la transferencia rápida de conocimiento para sacar rendimiento, pero si no se invierte en investigación básica será pan para hoy y hambre para mañana", afirma.
Sin embargo, este científico opina que el decreto, que pretende establecer un marco legal para regular la transferencia de resultados de I+D, es "necesario", sobre todo en crisis, porque "potencia la rentabilidad de las investigaciones y mejora la transferencia de resultados". "Además parece que protege bastante a la figura del investigador, que se siente respaldado porque no tiene que entrar en una negociación en la que uno puede ganar más y otro menos, y al departamento del que parte la investigación al fijar los porcentajes que recibirán", señala.
No obstante, sostiene que este es "un paso", pero hay que abordar otras carencias. Como el hecho de que la figura del investigador no esté "estatutariamente definida" en el Sergas y estos científicos suelan operar a través de contratos de obra y servicio.
