Los centros gallegos serán los encargados de articular medidas de detección, prevención y reeducación de conductas contrarias a la convivencia en el aula, que plasmarán en un Plan de Convivencia en el que podrán incluir aspectos relacionados con el vestuario o el uso de teléfonos móviles en el aula, entre otros casos.
De este modo, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria deja en la mano de cada centro el establecimiento de actuaciones y medidas de prevención en favor de la convivencia en el aula, apelando a su "autonomía" de acción y a la adecuación al entorno y las circunstancias propias de cada uno.
El nuevo Decreto de Convivencia, que desarrolla la Ley de Convivencia y Participación y complementa el Protocolo de acoso escolar presentado en mayo, se basa, en palabras del titular del ramo, Jesús Vázquez, en que los centros y el profesorado son quienes "más cerca están del alumnado" y quienes conocen de primera mano las "necesidades" en relación al clima en el aula.
La norma busca "facilitar" que los centros desarrollen acciones y medidas "contribuyendo" a ese "buen clima dentro aula", integrando las diferentes situaciones y aspectos regulados en distintos momentos y disposiciones.
Estas medidas deberán articularse en base a ese "enfoque ajustado a la realidad" que se vive en el centro y su entorno, tras un "diagnóstico previo" a partir del que se primará la prevención y detección de situaciones y la mediación de conflictos, además de acciones reeducadoras y correctoras.
"Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia escolar", ha destacado Vázquez quien insiste en que estos tendrán obligación de participar, y controlar el cumplimiento y evaluación del plan del centro, como un "compromiso compartido".
Comisión de convivencia
El decreto identifica así a los "agentes responsables de la convivencia", que serán la comunidad educativa (incluyendo a las familias y tutores legales), el Consello Escolar, la comisión de convivencia, el claustro de profesores, el equipo directivo, órganos de coordinación docente y el nuevo Consello para la convivencia escolar de la Comunidad Autónoma de Galicia, órgano consultivo y de apoyo a la comunidad escolar.
La comisión de convivencia del centro, creada dentro del Consello Escolar del mismo, concretará las diferentes actuaciones y medidas de resolución de conflictos en base a un diagnóstico previo para la elaboración del plan, que tendrá que contar con el acuerdo "de los diferentes agentes de la comunidad educativa" y que concretará "las responsabilidades" de cada uno, así como su seguimiento y evaluación.
Entre los casos que podrá abarcar este plan se incluyen desde previsiones de vestuario hasta el uso de teléfonos móviles en el centro y otros aparatos electrónicos. Sobre el primer punto, ha señalado que "los derechos de los ciudadanos están ahí" y ha reiterado que se trata de evitar problemas de "discriminación" por ser mujer y que "nadie sea discriminado" por sus creencias.
Otros puntos que recoge el decreto se refieren a programas de mediación escolar, el aula de convivencia inclusiva, potenciación de las escuelas de madres y padres "como elemento dinamizador de la participación", identificación de conductas contrarias a la convivencia o actuaciones y programas de sensibilización para la no discriminación por razón de sexo, entre otras cuestiones.
También se introduce el término "corrección", destacando este elemento como "parte del proceso educativo del alumnado", dado que las medidas que sean necesarias deberán articularse desde un punto de vista educador y en base al diálogo y la conciliación.
Agilidad de resolución
Educación facilitará a los centros documentos y modelos para la tramitación de procedimientos de corrección de conductas y hace hincapié en "agilizar" los procesos correctivos, en un "máximo de 12 días desde que se tienen conocimiento de los hechos", y garantizar la "protección de datos" y la "intimidad" de los menores.
"No hay culpables o malos o buenos, son situaciones que hay que trabajar", ha aclarado Vázquez, quien ha reiterado que este decreto busca dar "apoyo jurídico" y "legal" para que los centros puedan adoptar las decisiones oportunas respecto a casos de acoso o "grabaciones" con móviles en el aula, entre otros posibles.
El titular de Educación también ha asegurado que en Galicia no existe el mismo "problema" de acoso que en otras comunidades autónomas, dado que registra un nivel de incidencias "muy bajo". A pesar de ello, ha incidido en la necesidad de "poner todos los recursos" a su disposición para evitar casos de abuso por cuestiones idiomáticas, de género, o de identidad sexual.
Finalmente, ha señalado que para la consecución de estos objetivos se llevarán a cabo acciones de formación del profesorado, y se cuenta también con los equipos de orientación y los directivos de los centros.
