El pleno del Tribunal Constitucional avaló ayer la exención del pago del impuesto de bienes inmuebles, conocido como IBI, de la Iglesia católica y el resto de las confesiones que han suscrito acuerdos con el Estado español, tanto de sus edificios de culto como de los destinados al resto de sus fines. Por unanimidad de sus magistrados, el Constitucional declaró inconstitucional la ley navarra que obligaba a la Iglesia a pagar este impuesto.
