Durante los primeros seis meses de este año la vida de 213 personas ha pasado a depender de la administración gallega, que ya tutela el día a día de 2.228 ciudadanos, la cifra más alta de su historia debido a tres fenómenos estructurales que están provocado que cada vez más mayores se queden solos cuando ya no pueden valerse por sí mismos: el envejecimiento, el aumento de los diagnósticos de trastornos mentales y el desarraigo familiar. A ellos se une la crisis.
La situación no ha dejado de incrementarse año a año, pero el ritmo con el que la Fundación Galega para a Tutela de Personas Adultas (Funga) asume el cuidado de ciudadanos desamparados e incapaces de valerse por sí mismos se ha incrementado en los dos últimos años. El organismo dependiente de la Consellería de Benestar prevé que la situación empeore y "la tendencia de incremento anual del número de personas beneficiarias de servicios de la fundación se siga incrementando, cuando menos a corto o medio plazo", según la memoria del departamento dirigido por Beatriz Mato que consta en los presupuestos autonómicos de 2014.
Fuentes de este departamento no achacan en exclusiva a la crisis el aumento de casos, pero dos hechos vinculados con la recesión han intensificado estas situaciones de desamparo. En primer lugar, reconocen estas fuentes, los problemas económicos han causado un repunte de los trastornos mentales temporales en personas de entre 25 y 50 años que han acabado bajo tutela pública, en su mayor parte por dificultades económicas. Además, el desarraigo familiar se ha agravado también "por las dificultades que les entraña a las familias la atención de las personas" con trastornos mentales o de edad muy avanzada. De hecho, alrededor del 60% de casos afecta a mayores de 60 años.
La evolución estadística resulta elocuente. Si en 1997 eran apenas 68 las personas bajo tutela de la Xunta, ahora son 2.228, 213 más que en todo el año pasado, lo que constituye un aumento del 10,5% en apenas un semestre: 35 nuevas personas cada mes. La cifra no parado de crecer y ya supone más del doble que la de 2006, cuando se superó la barrera del millar (1.050).
Son los jueces quienes dictaminan que una persona está incapacitada y debe ser tutelada por la administración. No todos los casos se refieren a tutelas puras. A 30 de junio de este año, las tutelas de personas con una incapacidad total alcanzan las 1.283, de las que la Xunta gobierna sus bienes y cuentas bancarias bajo supervisión judicial.
La segunda categoría más destacada afecta a 588 casos y se trata de la defensa judicial, un proceso transitorio en el que la Funga representa en un juicio a una persona durante el proceso de incapacitación en los casos en que este carece de tutor. Las curatelas se refieren a procesos de incapacitación parcial que afectan solo a algunas parcelas de la vida de una persona (191 casos). En otros 12 casos, la Xunta controla los bienes de personas que aún tienen capacidad para gobernar su vida personal.
