Más de cinco años después de los hechos, once de los doce independentistas acusados por los altercados que se produjeron en la manifestación de Galicia Bilingüe en Santiago en febrero de 2009 se sentaron ayer en el banquillo en la primera sesión del juicio. Aunque en días pasados algunos de ellos acusaron a la Fiscalía de "judicializar un conflicto lingüístico", la magistrada que juzga el caso señaló, mientras hacía preguntas a uno de los procesados, que durante los hechos ocurridos hace cinco años se provocaron destrozos en marquesinas, contenedores y otro mobiliario urbano que están demostrados por la acusación, que ejerce el Concello de Santiago. "No estaríamos aquí si estuviésemos ante un tema político", afirmó la magistrada María Elena Fernández Currás en respuesta a una protesta de uno de los abogados defensores, que criticó el cariz "ideológico" de una pregunta del fiscal. Este solicita para ellos un total de 45 años de cárcel y más de 30.000 euros de multa por daño patrimonial.
Los procesados, excepto uno que no acudió, declarado en rebeldía, coincidieron en negar su participación en actos violentos y en rechazar que su intención fuese enfrentarse a los manifestantes de Galicia Bilingüe. Uno de ellos, Roberto R. F., en prisión desde 2011 como presunto miembro de Resistencia Galega, dijo que aquel día se hallaba en su casa de Vigo y aludió a la existencia de un parte médico de una clínica a donde acudió tras producirse una herida.
El resto de los procesados -los únicos que declararon ayer- aseguró en diferentes términos, en sus respuestas al fiscal o a la defensa, haber acudido a las inmediaciones de la Alameda de Santiago ese día para secundar una concentración convocada por varias entidades en defensa del gallego. Uno de ellos explicó que "la historia fue bastante rápida", pues al llegar comenzaron a escuchar "insultos". "Después cargó la policía y corrimos mucho", añadió.
Mañana y pasado el juicio continúa, y la juez señala que es posible que se prolongue más por la solicitud de más testigos por la defensa.
Mientras se celebraba la vista, a las puertas de los juzgados se concentraron en torno a unas 50 personas para solidarizarse con los acusados. Entre ellos se hallaban miembros del BNG, Galiza Nova o CIG, aunque AGE también registró un escrito, no admitido en el orden del día, para que el Parlamento mostrase su "solidaridad y apoyo a los procesados". También les mostró su apoyo A Mesa, lo que provocó las críticas de Galicia Bilingüe. La entidad de defensa del gallego mostró su "solidaridad" con los procesados "por oponerse a la manifestación del odio y la gallefobia del 8 de febrero de 2009". Ante ese comunicado, Galicia Bilingüe solicitó a la Consellería de Educación que "aleje" a A Mesa de las "actividades escolares tras su apoyo a los violentos que defienden el gallego a pedradas". Gloria Lago -cuya declaración en el juicio está prevista el viernes- señala que "no es sensato dejar que organicen actividades de normalización lingüística" personas que apoyan a quienes tachó de "fanáticos violentos".
