Las comunidades autónomas propusieron ayer que la directiva de reducción de emisiones establezca niveles "asumibles, aceptados y ajustados" a las posibilidades tecnológicas y que los criterios económicos que se apliquen sean "viables".
También recomiendan que los Estados miembro elaboren programas contra la contaminación, que se provean los fondos económicos adecuados y ven "fundamental" el compromiso de las administraciones implicadas. Las autonomías abogan por incluir el monóxido de carbono entre los contaminantes recogidos en la Directiva, excluir de su aplicación las instalaciones de combustión mediana, así como las de entre 1y 5 megawatios del sector residencial doméstico.
