La Consellería de Traballo e Benestar no preveía dedicar más de los tres millones de euros asignados inicialmente al programa para financiar contratos a parados perceptores de la Risga por parte de los ayuntamientos. La orden de mayo que regulaba esta línea de ayudas descartaba la ampliación de fondos. "Una vez agotado el crédito, el órgano gestor deberá publicar el agotamiento de la partida presupuestaria y la inadmisión de posteriores solicitudes", rezaba el documento.
El departamento de Mato, sin embargo, ha decidido rectificar ante el incremento de la demanda prevista y evitar que muchos concellos o desempleados se quedasen sin opción de recurrir a estas ayudas.
Los concellos interesados podrán contratar a desempleados que reciban la Risga -un cheque mensual de unos 450 euros mensuales para personas con escasos recursos- para desarrollar trabajos genéricos. La orden que los regula establece que "deberán ser para la realización de obras o servizos de interés general y utilidad social", lo que abre el abanico a las necesidades de cada consistorio. Como requisitos, los beneficiarios deberán estar inscritos en el Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupados.
