El Tribunal Superior de Irlanda otorgó ayer permiso a los médicos para retirar los aparatos de soporte vital a una embarazada de 18 semanas que fue declarada clínicamente muerta el 3 de diciembre.
Los familiares de la mujer, de 26 años, expresaron su deseo de apagar la maquinaria, si bien los doctores rehusaron hacerlo hasta ahora ante sus dudas sobre la situación legal del feto. La legislación irlandesa considera al feto ciudadano con derechos similares a la madre.
