Desde hace casi dos años, José Manuel Fernández Castiñeiras ha visitado los juzgados de Fontiñas, en Santiago, cada lunes para "fichar". Al menos esa fue una de las condiciones que le pusieron tras salir de prisión al cerrarse la instrucción del caso. Ayer, el exelectricista de la catedral, acompañado de su esposa y de su hijo, volvía a las dependencias judiciales un lunes, pero esta vez para sentarse por primera vez en el banquillo como acusado del robo del Códice CalixtinoCódice Calixtino.

En la vista, que se inició un poco más tarde de lo previsto y se dedicó a las cuestiones previas, su abogada, Carmen Ventoso, llevó la voz cantante durante casi dos horas para solicitar, tal y como ya había anunciado, la "nulidad de todas las actuaciones" realizadas durante la instrucciónsolicitarnulidad , al considerar que esta fue "un manual de cómo vulnerar" de "forma clamorosa los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española", incluido, señaló, el de defensa. "Ninguno" (en relación a los tres acusados, ya que también están encausados la esposa del exelectricista del templo, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernándezexelectricista hijo) "tuvo un juez imparcial", sostuvo ante el tribunal, para enfatizar que "la nulidad se extiende infectándolo todo".

Frente a las nulidades que Ventoso solicitó, y que abarcaron desde la propia declaración del extrabajador de la catedral admitiendo ser el autor del robo del Códice Calixtinoextrabajador catedral robo del Códice Calixtino a las grabaciones de las cámaras del templo, pasando por los registros realizados en sus propiedades o el del garaje donde fue hallado el valioso manuscrito medievalgaraje valioso manuscrito medieval, las acusaciones, tanto la Fiscalía como la particular, ejercida por la catedral de Santiago, defendieron la instrucción realizada por José Antonio Vázquez Taín y solicitaron que no se declare nulo todo el proceso.

El fiscal, Antonio Roma, consideró que "se respetaron los derechos fundamentales" del acusado, que, recordó, "no son ilimitados", por lo que a su entender "no se pueden estimar ahora las cuestiones" planteadas por la defensa de Castiñeiras, mientras que el abogado del Cabildo, José Antonio Montero, defendió que las pruebas puestas en entredicho por Ventoso son "plenamente válidas" y demandó que el procedimiento se mantenga "al margen de cuestiones de carácter personal". En todo caso, hoy mismo, el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, encargado de juzgar el caso, será el que decida, tras deliberar, si se aceptan o no las nulidades planteadas por la defensa.

Tras arremeter contra Taín, lo que provocó que el presidente de la sala le recordase que no se estaba juzgando al instructor, Ventoso enumeró todas las nulidades que solicitaba, empezando por la instalación de "dispositivos electrónicos de grabación para escuchar conversaciones" en el domicilio de Fernández Castiñeiras un mes antes de su detención.detención Al respecto, resaltó que "no existe cobertura legal en España para semejante invasión de un domicilio" y añadió que, producida la entrada, "el escenario ya está contaminado". "No sabemos qué hicieron; lo que sí sabemos es que es una entrada y registro encubierta", proclamó. "Lo sucedido el 12 de junio de 2012", que calificó de "ilegal", "lo que demuestra es la forma de actuar de un juez instructor, vulnerando derechos fundamentales", afirmó.

El fiscal, Antonio Roma, consideró que "entender" que se produce tal cosa le parece "demasiado grave" mientras el abogado del Cabildo recordó que de dicha prueba "en ningún momento resulta nada, según se dice en el procedimiento".

La letrada de Castiñeiras también defendió que el registro del domicilio y propiedades de los tres acusados tras su detención registro del domicilio y propiedadestres acusadosdetención fue "nulo de pleno derecho", dado que algunos de los registros se excedieron de la hora prevista en los autos que los autorizaban o no contaban con permiso expreso y en el caso del garaje donde apareció el Códice Códiceno se contó, dijo, con la presencia de los detenidos. "No tiene valor de prueba", remachó sobre este último. Por su parte, el fiscal recordó que todos los registros se hicieron con abogados y no consta "ninguna protesta" hasta tiempo después.

Sobre la detención de Castiñeirasdetención Castiñeiras, que tachó de "ilegal", Ventoso afirma que fue "judicial, no policial", y que "cuando comenzó la declaración" del acusado, "estaba detenido ilegalmente" porque cuando compareció ante el instructor se habían excedido las 72 horas que impone la ley desde una detención judicial para que se lleve la detención a prisión o se deje sin efecto. "Una nulidad precede a otra más grave", subrayó.

También demandó la letrada la nulidad como prueba de la primera declaración ante el juez de Castiñeiras, en la que reconoció ser el ladrón del Códicereconoció ser el ladrón del Códice, porque, alegó, "contraviene la legalidad vigente" y no hubo "respeto a la dignidad" del procesado. Para Ventoso, además, las preguntas del juez fueron "sugestivas, capciosas y repetitivas", y se realizaron "coartando al imputado". "Recibió un trato cuasi despectivo", criticó.

A juicio del fiscal, en cambio, "existe una declaración palmaria, plena, completa, espontánea" y que, cuando se tomó, "no se formuló protesta", por lo que entiende que la cuestión "debe ser desestimada". Además, dijo, las respuestas "no son nulas". Montero, a su vez, descartó que hubiese "coacción".

Al igual que con los registros, Ventoso solicitó la nulidad de las actas levantadas con los hallazgos y concluyó que la tramitación del procedimiento había "vulnerado el derecho a la defensa" y la seguridad jurídica.

Frente a la defensa, el fiscal considera que no es este el punto para "discutir toda la instrucción" y destacó la gravedad de los hechos juzgados, por tratarse del robo de "un bien cultural único"bien cultural único. El Ministerio Fiscal acusa Fernández Castiñeiras de ser autor de un delito continuado de robo con fuerza, un delito contra la intimidad, otro delito de robo con fuerza y un delito de blanqueo de capitales por los que pide que sea condenado a 15 años de prisión y multa de 300.000 euros.