Los rectores de las universidades españolas, públicas y privadas, se han unido en un frente común en contra de la reforma de Wert aprobada la pasada semana en Consejo de Ministros, que insta a las instituciones académicas, de modo voluntario, a pasarse al modelo de tres años de carrera y dos de máster, en lugar del 4+1 en vigor desde Bolonia. Con 57 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones los responsables de las instituciones académicas de Educación Superior del país han acordado, a través de la aprobación de una moratoria, aplazar la implantación de grados de tres años al menos hasta el curso 2017-2018, cuando la pretensión del departamento de Wert con el nuevo decreto era que se aplicara ya en septiembre.
En línea con la postura adoptada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ayer en Madrid, con presencia de las universidades gallegas, los tres rectores pactan un frente común para garantizar la "cohesión del Sistema Universitario de Galicia". De hecho, hoy prevén realizar una valoración conjunta de la medida tomada por la CRUE. Aunque cada institución puede decidir individualmente lo que pasará con la duración de sus carreras, los rectores gallegos quieren caminar juntos en este capítulo para una organización común de la duración.
La asamblea de la CRUE pide a las universidades que hasta después de septiembre de 2016 no se produzcan tramitaciones que conlleven la verificación o aprobación de grados de tres años, de manera que no podrán implantarse nuevas carreras de tres años antes del curso 2017-2018. En el encuentro de ayer se han comprometido a "trabajar" durante este periodo en una evaluación del sistema, con un análisis económico sobre la implantación de los grados de tres años, de los másteres de uno o dos años, de las tasas de matrícula y su repercusión. "Vamos a intentar explicar con claridad esto a las familias y estudiantes", expresó el presidente de la CRUE, Manuel López, que indicó que los rectores están de acuerdo con una flexibilización de la duración de los grados, "pero hay que hacerlo con prudencia y tiempo". Expresó que no es el momento oportuno, llamando la atención sobre el año "electoral" en alusión a los próximos comicios autonómicos y generales y los posibles cambios de gobierno. No están de acuerdo con la cifra dada por Wert sobre el ahorro que traerá a las familias, "unos 150 millones de euros".
López apuntó que si ese dato es real, al quitar un año de grado, el ahorro en gasto público en el sistema universitario español sería de 900 millones, ya que supone cinco veces más. "Los grados de tres o cuatro años no es cuestión de ahorro, sino de calidad académica y de necesidad de formación de los estudiantes, de la empleabilidad o del tiempo que dedican a prácticas externas", argumentó. También llamó a la unidad: "No sería deseable que las comunidades autónomas tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema", concluyó.
El Ministerio de Educación recordó ayer a los rectores que pueden flexibilizar los grados "si quieren, cuando quieran y como quieran", sin plazos. Por su parte, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, subrayó su "obligación" de "escuchar a los rectores, respetar su autonomía y apoyar su decisión".
Los portavoces de Educación en el Congreso de PSOE, CiU, Izquierda Unida y UPyD consideran "sensata" la decisión adoptada por la CRUE. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) pidió ayer impulsar un diálogo con los rectores a través de la creación de un Foro Estatal de Política Universitaria para "minimizar" los efectos "perjudiciales" de flexibilizar la duración de los grados.
