La Iglesia católica rechazó ayer la acusación de "opacidad fiscal" y salió así al paso de la polémica generada en los últimos días, tras la negativa de un sacerdote de oficiar la ceremonia de un entierro el pasado fin de semana en Pontevedra si no cobraba en metálico. Varias funerarias de la provincia denunciaron meses atrás que algunos sacerdotes exigían el pago en efectivo de sus honorarios en ceremonias fúnebres sin ningún tipo de factura y reclamaron la mediación del arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, para regularizar esa situación.
La Vicaría compostelana indica que "los sacerdotes sirven y celebran la Eucaristía para el difunto y su familia, no para las empresas funerarias" y apunta que "no se puede delegar en una empresa comercial lo que pertenece al ámbito espiritual, religioso, litúrgico". La Iglesia expresa en una nota su "voluntad" de "transparencia económica" y afirma que los "medios de pago" tales como "metálico, transferencia bancaria o cheque nominativo, no determinan la opacidad fiscal".
Eso sí, reconoce que en junio pasado el arzobispo recibió una carta de cuatro funerarias "presentado diversos puntos", sin precisar más detalles.
