El Valedor pide que las políticas sociales "se adapten a las nuevas" necesidades

Aunque ha puesto una nota de "siete" en el examen a la Xunta en materia de políticas sociales, ha advertido de la insuficiencia a la hora de abordar cuestiones como la pobreza energética o la pobreza infantil, y ha avisado de la necesidad de implementar mayor "agilidad" en la tramitación de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga), una cuestión que, precisamente, le ha supuesto una "discrepancia administrativa" con la Consellería de Traballo e Benestar.

Así, el alto comisionado parlamentario reclama que el silencio administrativo pasados tres meses desde la solicitud se resuelva como la concesión positiva de esta renta de integración, algo que no ha asumido la Xunta y que le ha costado al departamento que dirige Beatriz Mato la reiteración las recomendaciones de la defensoría gallega.

José Julio Fernández, que ha comenzado su intervención acompañado de una diapositiva con el lema 'Je suis Charlie', entiende que "el estado social no puede crecer ilimitadamente y tiene que adaptarse a las situaciones históricas". Así, ha puesto el ejemplo de las ayudas a la dependencia, que "con el paso del tiempo se muestran a veces disfuncionales", al dejar fuera a personas con ciertas capacidades que no son dependientes.

El valedor ha considerado que las políticas públicas para enfrentarse a la crisis "son positivas, pero deberían ser más intensas para tratar de mitigar la crisis en toda su extensión". "El examen puede ser de cero o de diez, las políticas sociales están siendo de siete", ha expuesto, antes de insistir en la necesidad de implementar "políticas sociales específicas para enfrentarse a los problemas específicos detectados ya".

Discapacidad

En su intervención, el valedor do Pobo ha destacado que se "consiguieron avances significativos" en el ámbito de la dependencia, como la "accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y visual a los cines de Galicia", así como también "se logró el compromiso de creación de plazas de aparcamiento personalizadas en Santiago" o la puesta en funcionamiento de un carné que permita prescindir de la "obsoleta" acreditación que se sigue dando a este colectivo.

Por encargo del Parlamento, la institución comisionada ha realizado una ampliación del informe extraordinario relativo a los problemas específicos de las mujeres con discapacidad intelectual, llegando a la conclusión de que "deben desarrollarse medidas para compensar su vulnerabilidad y el déficit de protección que sufren".

Además, el Valedor do Pobo trabaja en la redacción de otro monográfico acerca de las necesidades de las personas con discapacidad y sus medidas de adaptación.

Pobreza energética

Fernández ha advertido de que la "pobreza energética" es una situación que ha estado "latente durante algún tiempo", pero que la "crisis económica puso de manifiesto tanto su existencia, como la necesidad urgente de una atención específica", como se ha podido detectar a raíz del estudio de algunos expedientes que llegaron a la sede de la defensoría, según recoge el informe.

Las causas de la pobreza energética son los bajos ingresos en el hogar, la calidad "insuficiente" de la vivienda, los "precios elevados" de la energía y de los alquileres. Las consecuencias: "temperatura inadecuada de la vivienda, incidencia sobre la salud física y mental, con especial referencia a los niños y los ancianos, riesgo de endeudamiento, desbaratamiento de la energía y degradación de los edificios".

Como recoge el informe, es preciso "establecer unos precios sociales o tarifas reducidas subvencionadas para las personas en situación de vulnerabilidad", lo que le "permita disponer del mínimo indispensable para poder disfrutar de unas condiciones de vida mínimamente dignas y saludables".

El Valedor establece diversas "soluciones", por un lado, el bono social y el tique social, al respecto de lo que propone "rebajar las exigencias" que se recogen en las bases para su solicitud. En este sentido, ha recogido las críticas sobre los requisitos de presentación de la ayuda autonómica, que, en todo caso, la Xunta ya ha modificado este año 2015.

Así, el Gobierno gallego ha duplicado su cuantía anual y sube de 120 a 300 euros en el caso de las familias numerosas y, si se trata de familias con uno o dos hijos a su cargo, el bono pasa de 90 a 180 euros anuales. Esta línea es compatible con la Risga y pretende beneficiar a 40.000 hogares gallegos, según los cálculos dados por la Xunta.

"Inasumible" que se corte la luz

Además, José Julio Fernández ha apelado a la "responsabilidad social" de las compañías eléctricas y ha avisado de que es "inasumible" que firmas que ganan "millones" de euros en beneficios corten la luz en época de invierno a las familias, especialmente las que tienen hijos o personas dependientes a su cargo.

Además, la defensoría gallega ha advertido del riesgo de "pobreza infantil", un ámbito que ha impulsado un informe específico por parte del Valedor do Pobo.

Esta vulnerabilidad se deriva de situaciones como la falta de estabilidad laboral, hogares monoparentales y no la no tenencia de viviendas, lo que "intensifican" este riesgo. Así, ha señalado que "hay que garantizarle un ingreso mínimo a las familias".

Sanidad y urgenicas

En el ámbito sanitario, el Valedor do Pobo ha recordado que el compromiso de los defensores autonómicos es extrapolar las necesidades de las urgencias a cada una de las autonomías.

En los términos estatales, según recordó, se han detectados que médicos residentes realizan tareas que deberían realizar titulares y se determinó la conveniencia de crear una especialidad propia para esta área de atención sanitaria. Dijo que, "indirectamente", las recomendaciones dadas son "aplicables" a Galicia.

José Julio Fernández ha indicado que hubo quejas sobre listas de espera o sobre el transporte sanitario, pero ha indicado que tanto la situación de los enfermos de Hepatitis C, como la reclamación de un servicio de hemodinámica 24 horas en el Hospital de Lugo se han tramitado a través del defensor estatal.