Feijóo resalta que el decreto del gallego es el más avalado "jurídicamente"
La RAG ve "opiniones discutibles" en el fallo del Supremo que desestima su recurso
Agencias
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el decreto del plurilingüismo en la enseñanza es el documento de estas características "más visto por la justicia" y "más avalado" jurídicamente, por lo que instó a los grupos políticos y organizaciones sociales a "no seguir discutiendo sobre aquello que está bien hecho". De este modo se pronunció Feijóo tras la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso presentado por la Real Academia Galega (RAG) contra este decreto.
Feijóo instó a "todos los actores" implicados y a todos aquellos que creen que "el gallego es la lengua propia de Galicia y que hay que protegerla" a "empezar de nuevo a construir sobre bases sólidas" las políticas lingüísticas. Esa "base sólida", explicó, es precisamente el decreto del gallego, que el Tribunal Supremo considera "conforme a la constitución, conforme al Estatuto de Autonomía y conforme a la Ley de Normalización Lingüística".
A Mesa pola Normalización Lingüística, sin embargo, recuerda que el decreto "fue anulado en sus puntos centrales" tras los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la plataforma ciudadana Queremos Galego o la propia Mesa, fallo que "la sentencia del Tribunal Supremo ratifica tras el recurso de la Real Academia Galega (RAG)". A Mesa resalta que estos puntos centrales "eran la posibilidad de que los padres eligiesen la lengua en las aulas y la no obligatoriedad para el alumnado". Para A Mesa los resultados de este decreto "están a la vista" y son "el mayor desconocimiento y la falta de uso del gallego de toda su historia" así como "la práctica desaparición del gallego en etapas como la Educación Infantil".
Por su parte, desde la RAG señalaron ayer que acatan el fallo aunque creen que contiene opiniones "discutibles y consideraciones de hecho infundadas, a contracorriente de diversos estudios académicos (...)". La entidad recuerda que una de sus funciones, según sus estatutos, es "asesorar a los poderes públicos en temas sobre el uso correcto de la lengua".
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