Pese a que la reforma sanitaria de 2012 excluía a los inmigrantes irregulares de la Atención Primaria, la mayoría de comunidades encontró requicios para mantener la asistencia a este colectivo. Sin embargo, desde Médicos del Mundo señalan que incluso en las autonomías que mejor "cumplen" la asistencia a los sin papeles, hubo "casos de trabas", según la presidenta de la entidad, Sagrario Martín.
Un informe de esta ONG concluye que Andalucía y Asturias mantenían el acceso normalizado a las personas no aseguradas o beneficiarias sin recursos. Ocho autonomías -Galicia, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco- ampliaron el acceso fijado por el Gobierno a través de la creación de "programas complementarios". Madrid, Murcia, Castilla y León, Baleares y La Rioja hacían algunas excepciones ante enfermedades crónicas, mentales o riesgo para la salud pública, y solo Castilla-La Mancha aplicaba el decreto a rajatabla. Para recibir atención en Galicia, los irregulares debían estar seis meses empadronados en la comunidad y presentar una declaración responsable de no disponer ingresos. La ONG denuncia que hasta finales de 2013 solo 1.200 inmigrantes se había apuntado a este plan de los 9.000 que viven en Galicia.
