La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha defendido que Galicia ha alcanzado "sobradamente" los objetivos marcados en el plan de financiación 2009-2015 y el "blindaje" de fondos a las universidades gallegas a lo largo de la vigencia del texto. En esta línea, ha calculado que las aportaciones totales a estas instituciones, contando con cuantías autonómicas, estatales y europeas, superan los "2.200 millones" de euros.

Así lo ha destacado en su comparecencia en comisión parlamentaria el secretario xeral de Universidades, Xosé Alberto Díez de Castro, quien ha valorado el "marco de estabilidad financiera" que ha garantizado este modelo en un escenario económico "especialmente complicado" para el resto del sector público, además de la introducción de la "filosofía" de incrementar el peso de las cuantías en base a los resultados de estas instituciones y de su propia búsqueda de fondos externos. Criterios en los que profundizará el próximo plan, que está en negociaciones.

"Galicia fue la segunda comunidad autónoma que menos disminuyó su aportación a las universidades, gracias a que el plan fue efectivo, manteniendo la estabilidad", ha reiterado, en un quinquenio de "fuertes ajustes", de adaptación y "cambios profundos" respecto al modelo anterior, basado en "un solo indicador" que "no reflejaba" las necesidades del sistema.

Díez de Castro ha recordado, así, que Galicia fue "la primera comunidad" en adoptar el modelo de financiación dividida en estructural, vinculada a resultados y a mejora la calidad, un mecanismo "eficaz" que reveló "las grandes potencialidades" y la adaptación "necesaria" en el sistema universitario, con "una nueva visión" basada en observar el entorno, la "innovación" y la "sostenibilidad", más allá de ser solo "estructura de transmisión de conocimiento". "Parece lógico mantenerla en el siguiente -plan-", ha añadido.

Estructura

La parte fija de la financiación se distribuyó, desde 2012, "no por criterios históricos" sino por cinco nuevos criterios, como son la existencia de campus de excelencia, la captación de recursos externos, internacionalización, la transferencia de conocimiento o la calidad de la docencia. "A cada uno de ellos", ha añadido, se vincularon indicadores que afectaban hasta un 20% de los créditos totales asignados a esta forma de reparto.

Por su parte, el reparto por resultados se articuló por contratos programa con cada institución, y en base a un total de 20 indicadores (necesidades sociales, docencia, investigación...etc) que permitían calcular el montante y que registraron "comportamientos desiguales", algunos "de elevada volatilidad" y "otros con valores más estables". "De estas experiencias tomaron nota tanto las universidades como la secretaría xeral", ha añadido.

En tercer lugar, para la parte ligada a mejora de la calidad se contó con una dotación permanente de 18 millones de euros que se fue vinculando progresivamente a los compromisos cumplidos en los planes de sostenibilidad económica de cada institución, y que se reparte "en función de la eficacia y eficiencia" en la gestión de las universidades.

Racionalización de la oferta

El plan de financiación, ha recordado Díez de Castro, coincidió con la fase de "consolidación" de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, con una adecuación de la oferta académica "a las demandas" sociales y del mercado laboral y con un nuevo marco normativo autonómico que diseñó "las líneas a seguir" y los requisitos de los títulos, marcado por el decreto que regula las enseñanzas oficiales y la Ley del Sistema Universitario.

El objetivo era "evitar duplicidades" y potenciar la "singularidad" de los campos, al mismo tiempo que se "racionalizó" el número total de títulos máster hacia una cifra "bastante más lógica" y adecuada a las posibilidades reales de gestión y las necesidades sociales. En materia de investigación, ha destacado la "estabilidad y continuidad" de las acciones desarrolladas, y que las convocatorias han mantenido "las periodicidades".

Recortes y "fracaso"

La oposición, por su parte, ha incidido en que el plan de financiación vigentes solo ha servido para limitar las capacidades de las universidades gallegas. Carme Iglesias, por parte del grupo mixto, se ha referido al "ahogamiento económico" que sufren estas instituciones y a la tendencia hacia la "privatización", criticando que el modelo "no garantiza la suficiencia financiera" y ha supuesto un recorte de "86 millones" en "tan solo cinco años", mientras los estudiantes "se marchan todos fuera".

Cosme Pombo, del BNG, ha reiterado el "fracaso" que supuso el plan para el sistema universitario y ha arremetido contra los "continuos recortes" que han sufrido estas instituciones, dejando una situación" dramática" en la que se cuentan "por miles" las personas que se dejan fuera del sistema. "Un recorte del derecho a la educación superior para más de 5.000 gallegos"; criticado, y que ha achacado a la "pérdida de calidad" que ha provocado la acción de la Xunta.

Por su parte, el diputado de AGE, Ramón Vázquez, ha advertido de que Galicia "está a la cola de todo el Estado" en transferencias corrientes, y que se invierte "800 euros menos por estudiante" que la media de todo el país, con uno de los peores grados de ejecución presupuestaria.

Asimismo, se ha referido a los incumplimientos de las previsiones del PIB que incluye el propio plan, calculando en "casi 200 millones" diferencia con las expectativas iniciales recogidas en el documento.

La diputada Concepción Burgo, por su parte, ha aclarado que las partidas destinadas a las universidades llegan a 1.892 millones y no a los 2.200 que menciona la Xunta, y ha advertido del "bajo" nivel de ejecución presupuestaria, "fundamentalmente en investigación", situando la financiación de estas instituciones a niveles de "2005".

Finalmente, el diputado popular Hipólito Fariñas, ha defendido el plan vigente frente al modelo de la Xunta del bipartito y el discurso "de la catástrofe" del resto de grupos, criticando que "antes" primaba un "único criterio economicista e incrementalista", acusando al Gobierno de BNG y PSdeG de dejar "un lastre" económico superior al coste del sistema universitario gallego.