Las entidades sociales advierten a la Xunta que el inicio de la recuperación económica todavía no ha llegado a los colectivos más pobres y que es preciso acortar los plazos para conceder la Risga y las ayudas de inclusión social. Estas organizaciones censuran que se tarde de media siete meses en tramitar estas prestaciones y aclaran que, aunque la Consellería de Benestar defiende que durante este año ya está agilizando la tramitación, todavía no han notado avances en este sentido.

Detrás de estos retrasos está, según el director de la Rede Galega contra a Pobreza, Xosé Cuns, la "descoordinación" que existe entre administraciones -concellos y Xunta- y la burocracia. Esta plataforma, que aglutina a 126 ONG, explica que uno de los problemas es la "indefinición legal" que existe. La Lei de Inclusión Social que entró en vigor el pasado año necesita ser desarrollada mediante un reglamento que todavía no se ha aprobado. "Tanto la conselleira Beatriz Mato como el presidente Núñez Feijóo se comprometieron a que estaría listo este año y a que se acortarían los plazos", explica Cuns.

En todo caso, el director de la Rede Galega contra a Pobreza advierte que los retrasos no son solo responsabilidad de la Xunta sino también de los concellos que son los que tramitan las solicitudes antes de enviarlas a la Administración autonómica.

Desde Cáritas lamentan que una ayuda "tan fundamental" para algunas personas se retrase de media siete meses. "Es un proceso lento, parece que a veces lo quieren dilatar a propósito", lamenta Miguel Fernández. Según explica, el problema es que "falta personal" y además la tramitación es "engorrosa". Por eso aboga por simplificar los trámites y pide que en caso de que se supere el plazo de dos meses fijado por ley para responder a la solicitud se otorgue automáticamente la ayuda. "Es decir, que el silencio administrativo se entienda como positivo", aclara. Estos colectivos coinciden también en que hay un porcentaje muy alto de ayudas denegadas y que cubren un porcentaje muy pequeño de los gallegos que están en situación de pobreza y exclusión social.