Las víctimas de la talidomida presentaron un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo en la que se les negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica alemana Grünenthal. El Supremo rechazó en septiembre de 2015 el recurso de las víctimas y les negó la indemnización que pidieron al laboratorio, que comercializó un medicamento para embarazadas que causó malformaciones a miles de niños en la década de los cincuenta y sesenta, al entender que la acción de los afectados había prescrito. El recurso de amparo se basa en que esta sentencia utilizó unos informes para comprobar la relación entre el daño y el medicamento fechados "de manera errónea" en 2008, cuando son de 2010, por lo que no estaría prescrito.
