La dependencia es uno de los puntos clave en el debate entre las comunidades y el Estado para fijar, a lo largo de este año, los nuevos criterios para la financiación autonómica. En 2016, la Xunta de Galicia introdujo en el sistema a 8.000 dependientes que aguardaban a que su ayuda se materializase, si bien aún quedan 18.000 personas con derecho a prestación en espera. El número total de beneficiarios no ha parado de crecer desde la puesta en marcha de la ley, hasta los 48.000 atendidos en la actualidad. No obstante, el elevado número de solicitudes de prestaciones, la mayoría con informe favorable (en los distintos grados) para recibir la ayuda y la escasez de presupuesto para atender a todos, provoca las esperas para percibir la ayuda, en muchas ocasiones de años. En Galicia, en 2015, por ejemplo, se gastaron 349 millones en dependencia, de los cuales el Estado puso el 21%, la Xunta el 61,2% y, el resto, los usuarios, a través de copago. Por ello, la Administración autonómica pidió en varias ocasiones al Estado que incremente su aportación para dependencia: el compromiso inicial era del 50%, a partes iguales. Galicia pasó de estar a la cola, con Canarias, por nivel de dependientes sin atender (las que más espera tenían) a ocupar puestos intermedios en la tabla, de octava.
