La Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario, de la que forman parte víctimas del falso médico ferrolano José Manuel López Pérez -conocido como Coté- han registrado un escrito judicial en el que piden 936 años de prisión para él, frente a los 334 que solicita la Fiscalía. La presidenta de esta entidad, Esther Fontán, explicó ayer en A Coruña que a diferencia del escrito de la Fiscalía, los letrados de la asociación elevan el número de delitos -algunos son considerados "faltas" por el fiscal- e introducen "los de abusos sexuales y aborto", no contemplados por la acusación pública.
De igual modo, con referencia a la esposa del acusado, la acusación particular añade un delito continuado de estafa agravada con afectación de pluralidad de personas para la que pide una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses a razón de 30 euros diarios con accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.
Como medida cautelar para ambos, y dada "la gravedad de los delitos imputados y las penas solicitadas", así como la "reincidencia", la "falta de arraigo profesional y familiar de ambos" y su "reconocida solvencia económica", piden la retirada de sus pasaportes. "Es seguro al 99% de que acabará huyendo", sostiene Fontán, convencida de que el falso médico -detenido tras descubrirse que ejerció durante años como facultativo pese a solo contar con Bachillerato- dará este paso tras fracasar en su intento de "anular" el procedimiento. "Sabe que del banquillo saldrá para la cárcel y va a huir", indicó la presidenta de la Asociación, quien recordó que el acusado tiene otro juicio pendiente en Castellón por delitos similares y para el que todavía no hay fecha de celebración.
Fontán indicó que la Asociación ha solicitado a la Audiencia Provincial que el juicio se celebre este año "tras nueve de espera". "Será un juicio muy largo, con un elevadísimo número de testigos. Pedimos que no nos alarguen más la agonía; bastante hemos sufrido ya y hay algunos que han fallecido sin llegar a ver el fin de esto", indicó.
La Fiscalía pide más de 300 años en penas por un homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones con deformidad, 63 de lesiones con uso de instrumento peligroso, blanqueo de capitales, intrusismo profesional, estafa agravada y falsedad de documentos oficiales, entre otros.
