La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró ayer que el Gobierno "no tiene en estos momentos encima de la mesa" un impuesto para gravar las bebidas azucaradas, durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.
García Tejerina respondió así a preguntas sobre el impuesto aprobado por Cataluña a las bebidas azucaradas y sobre la idea de Canarias de aplicar un gravamen similar, que también se extendería a la bollería industrial en el archipiélago. "Inicialmente no vamos a gravar (las bebidas azucaradas)", señaló la ministra, quien insistió en que lo importante es que las administraciones y los ciudadanos, individualmente, fomenten una "dieta saludable" y buenos hábitos de vida para prevenir enfermedades.
La titular de Alimentación recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para todos los alimentos un consumo moderado, incluidos el azúcar o la sal, e insistió en que "todos tenemos que trabajar" por una dieta sana como la mediterránea, porque en España "tenemos la suerte" de contar con buenos productos agrícolas.
Por otro lado, preguntada sobre el consumo de aceite de palma, García Tejerina recalcó que es un producto autorizado en la UE y utilizado por la industria, por lo que "indirectamente, seguro" que lo come.
La confirmación, por parte de la ministra, de que el Gobierno no gravará las bebidas azucaradas llega apenas unos días después de la entrada en vigor en Cataluña de un impuesto que sí grava esos productos. Galicia, sin embargo, ya descartó la semana pasada seguir el ejemplo catalán, a la espera que fuese el Gobierno central el que diese el paso, a través de una eventual normativa, para evitar un posible conflicto de competencias que pudiese acabar en el Constitucional, alegaron desde la Consellería de Facenda.
Pese a que la posición del Gobierno ya daba pábulo a deducir que el gravamen sobre las bebidas azucaradas no tendría un reflejo inmediato, la Xunta se remitía a que dicho tributo fue incluido por el Gobierno en la actualización del plan presupuestario para este año, con "un efecto estimado en la recaudación de 200 millones de euros para todo el Estado". En ese documento, alegaban desde el departamento que dirige Valeriano Martínez, el Gobierno estableció asimismo que dicho impuesto "se regulará legalmente a lo largo de este año".
En ese argumento, en que el impuesto estaba previsto por el Estado, se escudaba el Ejecutivo autonómico para no abordar un gravamen similar al de Cataluña, porque podría traer conflictos de competencias. "Galicia considera que, en cumplimiento de la Ley de Financiación Autonómica, los tributos que establecen las comunidades no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado", explicaban desde Facenda, desde donde concluían: "Entendemos que existiría el riesgo de que esta propuesta fuese recurrida por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y suspendidos -por lo menos temporalmente- sus efectos".
