La Comisión de Igualdad del Congreso apoyó ayer por unanimidad una propuesta del PSOE que pide al Gobierno una ley contra el acoso y el abuso sexual que proteja los derechos de las víctimas en materia de prevención, información y tutela institucional y que, además garantice la protección integral de la víctima y el apoyo a la reposición del daño, para equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio.

Pero antes de elaborar este texto, los socialistas llaman al Ejecutivo a analizar las actuales respuestas de la Administración de Justicia ante casos de violencia sexual, de manera que la nueva norma pueda reparar las deficiencias del sistema actual.

Para ello, el PSOE plantea una colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y organizaciones de juristas, con el objetivo de desvelar practicas judiciales estereotipadas e injustas. A juicio de la formación, "es urgente conocer la interpretación que la justicia está haciendo sobre los delitos sexuales porque, es a través del análisis de las sentencias, que se podrá conocer si existe un trato discriminatorio". Aseguran que, actualmente, no se puede probar qué agravantes o atenuantes funcionan a beneficio de los violadores y también se desconocen qué prejuicios y estereotipos sexistas resultan favorables a los agresores.