El servicio de atención a la dependencia ha sido uno de los grandes avances en materia social de los últimos años y sirve para dar cobertura a 57.000 gallegos. Pero, a pesar de que ya absorbe un importante volumen de recursos, la financiación sigue siendo insuficiente y todavía hay dependientes en lista de espera -en la comunidad gallega hay diez mil personas pendientes de recibir estas prestaciones-. Su coste en Galicia asciende a 408,6 millones de euros. El 18% lo pagan los usuarios, mediante el copago, y el resto lo aportan las administraciones públicas. Y, aunque la ley de dependencia establece que Gobierno y comunidades deben aportar el 50%, en la práctica la Xunta pone el 76% y el Ejecutivo central el 24%.El Ministerio de Hacienda quiere ahora implicar a los ayuntamientos cediéndoles competencias en materia de dependencia con el argumento de que las autonomías tienen dificultades económicas y los municipios presentan superávit. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) advierte de que "es negociable", pero solo si el traspaso de estos servicios viene acompañado de la correspondiente financiación.

"Que tengamos superávit no implica necesariamente que tengamos que gastar el dinero en competencias que no son nuestras. Hay que hablar de financiación", explica el presidente de la Fegamp, Alfredo García.

En Galicia la financiación pública de la dependencia asciende este año a 369,8 millones de euros, según datos suministrados por la Consellería de Política Social. El gasto creció un 26% en cuatro años. La Xunta elevó sus inversiones un 28% en este mismo periodo y destina a atender a dependientes 280,8 millones de euros. El Gobierno aporta 88,1 millones, un 20 por ciento más que en 2015. La Asociación de Directores de Servicios Sociales viene denunciando desde hace tiempo la infrafinanciación que existe por parte del Estado en materia de dependencia.

Los ayuntamientos solo colaboran en la atención a dependientes con la ayuda a domicilio. Este servicio lo prestan los concellos y es cofinanciado por la Xunta.

El presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, tilda la idea del Ministerio de Hacienda de "ocurrencia" y duda de su "viabilidad". Por un lado, apunta que hay "dificultades legales". Habría que cambiar la ley de dependencia, señala, pero también la ley de reforma de las entidades locales aprobada por el Gobierno del PP en 2013 que impide a determinados municipios, los más pequeños, prestar servicios sanitarios, educativos o sociales. Y además colisionaría con la Constitución, en tanto que las competencias en materia de servicios sociales dependen de las comunidades autónomas, según explica Ramírez.

Pero a los problemas legales se sumarían "las dificultades de gestión". Según apuntan los Directores de Servicios Sociales, la mitad del gasto en dependencia lo absorben las residencias de ancianos y centros de día, infraestructuras que dependen de las autonomías. "Los ayuntamientos solo podrían gestionar servicios de proximidad, como la ayuda a domicilio", señala José Manuel Ramírez. "Por lo tanto, ni por la vía legal, ni por la competencial, ni por la constitucional ni por la de gestión, me parece viable", concluye el presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales.

El presidente de la Fegamp corrabora que incluso con más financiación, los concellos "en principio no disponen de medios para asumir la atención a la dependencia". En todo caso, aclara que los ayuntamientos gallegos "nunca se negaron a recibir competencias". "Pero deben ir ligadas a la financiación".

Alfredo García remite, en todo caso, a la reunión a la que se comprometió el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, para "trasladarle las inquietudes del municipalismo".