La Xunta, a instancias de una petición de la Valedora do Pobo, ha aceptado tramitar por la vía de urgencia las solicitudes de valoración o revisión del grado de discapacidad a personas de más de 90 años. La tardanza en la valoración es un problema, en especial para las personas de más edad. En marzo de 2018, se conocía el caso de una persona de Pontevedra que tras entregar la documentación para solicitar un certificado de discapacidad para su padre, de 83 años, le comunicaron que la gestión tardaría varios años, "hasta tres". Desde la propia delegación de Política Social reconocían que los plazos se acortaban si la petición reunía los requisitos para ser "de urgencia".
Según indicó ayer el alto comisionado, la Xunta aceptó las indicaciones de la Valedora en el marco de una queja centrada en el excesivo retraso de la revisión de la discapacidad de una persona nonagenaria. La Consellería de Política Social se comprometió a incorporar como motivo para la tramitación urgente la edad superior a los 90 años de los solicitantes. La idea es que se incorporen progresivamente a la lista de personas con preferencia todos los mayores de 90 años, aunque hayan solicitado la valoración antes de tener esa edad, según explicaron ayer desde el Ejecutivo autonómico.
La recomendación permitió concluir una queja tramitada por la Valedora do Pobo, que pidió a Política Social que, con urgencia, corrigiera la interpretación que se hacía de las causas para tramitación preferentes reguladas en la Orde del 25 de noviembre de 2015.
La medida tendrá "una gran importancia para muchos casos de retrasos en las valoraciones de discapacidad, algo que afecta de forma muy singular a las personas de muy avanzada edad".
La institución del Valedor do Pobo destaca que esta medida se suma a las recomendaciones realizadas en los últimos años para acelerar las valoraciones de discapacidad, y aceptadas en "numerosos" casos por el departamento de la Xunta. Entre otras medidas, se consiguió "reforzar el personal de equipos de valoración, instaurar sistemas de confirmación y sustitución de citas, el reconocimiento de la discapacidad del 33% a las personas con pensión de incapacidad permanente (en grado total, absoluta o de gran invalidez); simplificar las solicitudes y la documentación requerida o extender el acceso a la Historia Social Única Electrónica".
Además, desde la Consellería de Política Social, señalaron ayer a través de un comunicado que también se está "dando prioridad en la valoración de la discapacidad a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, ataxias rápidamente progresivas, distrofias musculares y esclerosis múltiples de evolución rápida, enfermedades metabólicas con trastornos motores y las neoplaxias que están en estadio IV".
