Mónica Sotelo, pontevedresa de 42 años y madre de dos niñas, decidió ampliar su familia en solitario hace cuatro años, tras separarse de su pareja, y recurrió a una donación de esperma. Hizo un máster en información de reproducción asistida y, tras reconocer cierto galimatías legal en los países europeos, decidió tratarse en un centro de Vigo.
Su opinión con respecto a la abolición del anonimato es un no con matices. "Estaría a favor de conocer la identidad del donante solo porque existe cierto riesgo de un incesto futuro de mi hija si él tuvo más donaciones exitosas; pero realmente no me gustaría saber quien es", explica. Por tanto, para Mónica sería importante tener acceso a datos de si el donante realizó „y cuántas más„ donaciones que fructificaron en embarazos. Con respecto a la legislación actual en España, "la inseminación se trata casi como una adopción, porque yo estoy en seguimiento de cáncer de mama y desconozco los antecedentes de la otra parte, pero sé que los tendría si fuera necesario en el futuro para mi hija".
