Un juzgado de Vigo ha obligado a una septuagenaria a aislarse en su domicilio para no contagiar a otras personas el Covid-19, después de así lo reclamase el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Para evitar acudir a la justicia y tener las manos libres para tomar decisiones de este tipo, Sanidade y el PP han impulsado una reforma legal que permitirá a la Xunta forzar cuarentenas sin orden judicial a ciudadanos enfermos, con síntomas de Covid, que hayan estado en contacto con contagiados o que sean sospechosos de portar alguna dolencia contagiosa. Quien incumpla esa orden se expondrá a sanciones de 3.001 a 60.000 euros.
Este es uno de los cambios incluidos en la propuesta del PP, elaborada en sintonía con Sanidade, para reformar la Lei de Saúde de 2008. La filosofía parte de la necesidad de contar con una herramienta que aporte "seguridad jurídica" a las restricciones de derechos y libertades individuales en aras de proteger la salud pública sin necesidad de que el Gobierno central aprueba un estado de alarma como el vigente, como expuso ayer el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en la presentación de la propuesta, a la que asistió también el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.
La modificación legal faculta al Sergas a imponer no solo aislamientos domiciliarios o ingresos hospitalarios, sino también "el sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado", así como pruebas diagnósticas como PCR e incluso a vacunarse. De ser prescrita la inmunización, ignorar su obligatoriedad supondrá multas de hasta 3.000 euros si no se pone en riesgo la salud pública. En ese caso, la pena se endurecerá, como avanzó ayer este diario. Puy matizó que se "abre la puerta" a la obligatoriedad de la vacuna, si bien existen dudas sobre la capacidad autonómica para legislarlo.
En aras de agilizar la respuesta pública ante una situación de "riesgo inminente y grave para la población" como la actual, la Xunta se dotará de un instrumento legal que le permitirá obligar a la población a cumplir las restricciones sin necesidad de acudir a los juzgados. Podrá incluso recurrir a la policía para evitar que una persona se salte un aislamiento que podría establecer incluso uno de los rastreadores de contactos de enfermos de Covid-19 de la Xunta. "Se solicitará la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sea necesaria para la ejecución de las medidas", reza el texto, cuya aprobación final se prevé para febrero. La mayoría absoluta del PP garantiza su luz verde.
En todo caso, los confinamientos y restricciones deberán respetar la "dignidad" de los ciudadanos, garantizando la menor duración posible y el acceso a alimentos y comunicaciones. De ser necesario abandonar el domicilio particular o carecer de él, la Xunta asumirá el coste del alojamiento de una persona en cuarentena.
La reforma regula la intervención de centros sociales como residencias de mayores en casos de emergencia, decisiones que ha tomado la Xunta en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia.
Puy lamentó que no se recurra a un marco legal estatal para actuar ante pandemias, pues el Congreso tumbó la iniciativa de su partido, que la impulsará en Galicia.
El texto dejará a los padres como responsables de las sanciones de los menores de edad en este capítulo, blinda la capacidad sancionadora de los ayuntamientos y veta el consumo de alcohol en la calle, prohibiendo así el botellón.
