El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley para asegurar la protección y la asistencia a las mujeres y los menores víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La Comisión de Igualdad dio el visto bueno y envió al Senado el informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que procede del decreto del Gobierno aprobado en marzo para proteger a estas mujeres durante el confinamiento domiciliario.
Todos los grupos votaron a favor —incluido el PP, que se abstuvo en marzo—, salvo Vox, que lo rechazó, y Bildu y ERC, que se abstuvieron.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebró la aprobación del proyecto de ley, una medida que considera esencial “para que muchas mujeres en situación de violencia no se sientan solas en los momentos más difíciles y sí acompañadas con los recursos públicos”, según escribió en Twitter.
La futura ley asegurará y reforzará la atención a las víctimas mientras dure la emergencia sanitaria, más allá del estado de alarma, incluirá la protección y el seguimiento de los menores víctimas y prestará una especial atención a la vulnerabilidad de las mujeres víctimas que padezcan una doble o triple discriminación por cuestión de origen, discapacidad, edad, entorno rural u otras causas. También promoverá la recuperación sociolaboral de las víctimas, se garantizarán las condiciones laborales de aquellas que hayan sido incluidas en un ERTE y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra los agresores.
Estas son algunas de las novedades que los grupos parlamentarios incluyeron mediante enmiendas transaccionales al decreto original de marzo, articulado para asegurar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del estado de alarma. Declaraba esenciales los servicios de atención a víctimas, como el 016 o los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros tanto para víctimas de violencia de género como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
