El baremo del grado de discapacidad es la herramienta que califica las dificultades que tiene una persona, con una determinada enfermedad o condición, para desarrollarse en la sociedad en igualdad de condiciones. La puerta de acceso al sistema de derechos para muchos ciudadanos. En España, lleva 20 años sin renovarse, de ahí que los criterios de valoración se hayan quedado, en muchos casos “desfasados”, según las organizaciones del sector, que urgen la puesta en marcha “cuanto antes” de la nueva escala, que acumula años de retrasos, y que en el actual contexto de pandemia de COVID, se hace “más necesaria que nunca”.
“No podemos esperar más”, apremia Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), tras el reciente anuncio del Imserso de que el nuevo baremo será aprobado, definitivamente, en 2022. “Es necesario y urgente que se agilicen los trámites para ponerlo en marcha lo antes posible”, reitera el también presidente de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), quien sostiene que la escala actual está “obsoleta”, con “unos criterios de valoración desfasados” y con la existencia de “condiciones y situaciones que no están siendo reconocidas y que afectan, en su mayoría, a la discapacidad orgánica”, como ocurre con enfermedades reumatológicas, las que cursan con brotes o las que causan fatiga y dolor, dificultando la calidad de vida de las personas que conviven con ellas. “No obtener el certificado de discapacidad supone una falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de mantenimiento de empleo, no poder acceder a plazas reservadas a personas con discapacidad en oposiciones, trabas para acceder a ciertas prestaciones económicas y la aparición de otras dolencias por no tener reconocidos ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo”, advierte Queiruga.
“El nuevo baremo de la discapacidad supondrá un modelo social, de derechos humanos”
En este sentido, la presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega (LRG), al frente también de la Liga Reumatológica de España (LIRE), la coruñesa Ana Vázquez Lojo, sostiene que la actualización del baremo es “primordial” para las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, “y muy especialmente para los más jóvenes”. “Actualmente, el baremo no valora de una manera justa y real este tipo de enfermedades y las limitaciones que provocan a quienes las padecemos. Hoy por hoy, en pacientes jóvenes y en la infancia no se tiene en cuenta la cantidad de veces que se debe acudir a consultas o a tratamientos en el hospital, y tampoco qué supone estar sometidos a una medicación que merma las actividades de la vida diaria y la relación con el entorno”, apunta Vázquez Lojo, quien especifica que, en el caso de esos enfermos, ahora solo se miden “las limitaciones osteoarticulares irreversibles”. “Por ejemplo, si a un paciente se le va deformando una mano, será valorado por la pérdida de prensión en esa mano (si no puede agarrar con ella), pero no se van a tener en cuenta la rigidez, el dolor, la fatiga… constantes habituales en el día a día de las personas con enfermedades reumáticas”, destaca.
"Lo único que pedimos es que las valoraciones sean más justas y más objetivas"
La presidenta de la LIRE y la LRG advierte de que el baremo actual tampoco recoge las “fluctuaciones” que sufren los afectados por ese tipo de dolencias a lo largo del día. “Y es que una mañana nos podemos levantar perfectamente bien (aunque es bastante raro), y llegar a la tarde sin poder coger ni siquiera una taza. Y también nos puede suceder a la inversa: amanecer fatal, y mejorar con el paso de las horas. Es muy injusto que tampoco se tenga esto en cuenta, porque yo puedo tener una incapacidad total para realizar las actividades cotidianas un día, y al siguiente, cuando me valoren, estar bien”, detalla Vázquez Lojo, e incide: “Lo único que pedimos es que las valoraciones sean más justas y objetivas. Llevamos unos veinte años así, ahora hay un mayor conocimiento sobre las enfermedades reumáticas, y los baremos tienen que estar vivos, pero en dos décadas no se ha tocado ni una coma. Y si en el caso de los adultos nos preocupa la baremación, en los niños, todavía más. Los hay incluso valorados con un cero por ciento de discapacidad. ¿Cómo es posible que un pequeño con artritis idiopática juvenil, en tratamiento farmacológico y con brotes, sea valorado así? No tiene sentido, pero está sucediendo por cómo están diseñadas las escalas”.
“El baremo actual no tienen en cuenta las limitaciones no visibles de los enfermos”
La actualización del baremo de la discapacidad está también entre las principales reivindicaciones de otras organizaciones, como la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ) y las entidades que la integran (entre ellas, la asociación gallega). Su presidente, Juan Antonio da Silva, explica que la fibrosis quística produce “una serie de limitaciones que hacen que, en la vida diaria”, los afectados “jueguen con desventaja”. “Estas limitaciones ni se ven ni están contempladas en el baremo actual, de ahí que alrededor del 20% de los pacientes con esta enfermedad que solicitan el certificado de discapacidad reciban una negativa”, asegura el presidente de la FEFQ. “Y de las personas a las que sí se lo conceden, el 40% lo logra cuando ha recurrido la primera denegación. El motivo es siempre el mismo: que los baremos no tienen en cuenta las limitaciones no visibles, como el impacto de la carga de tratamientos, episodios de recaídas, etc.”, agrega Da Silva.
Hacia un modelo de apoyos “personalizados”
Pero eso no es todo. La escala actual, sostiene el presidente de Cogami, “no está adaptada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”, al tener un enfoque que “se centra en el individuo y en sus limitaciones, sin tener en cuenta los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica”. “El nuevo baremo supondrá un modelo de derechos humanos, un modelo social que contempla la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados”, reivindica Anxo Queiruga, quien subraya que las personas más vulnerables precisan “respuestas más ágiles” por parte de las instituciones públicas. “Por eso desde Cocemfe, Cogami y el movimiento asociativo reclamamos a las administraciones implicadas que agilicen el proceso para que las personas tengan una valoración adecuada a su discapacidad, de manera que puedan acceder a derechos y beneficios que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecosto de tener discapacidad”, concluye.
El ‘sobrecoste’ de la pandemia de COVID para las entidades de discapacidad intelectual en Galicia: 1,6 millones de euros
La Federación Galega de Asociacións De Persoas con Discapacidade Intelectual (Fademga Plena Inclusión Galicia) alerta del “elevado sobrecoste” asumido por las entidades de discapacidad intelectual “para hacer frente a los gastos originados por la crisis sanitaria”, y reclama a la Xunta que habilite una dotación presupuestaria ordinaria en compensación. Fademga hace esta petición remitiéndose a un análisis realizado entre las 37 entidades de atención a personas con discapacidad intelectual prestadoras de servicios sociales y dependientes de la Consellería de Política Social, que revela que los sobrecostes asumidos por estas organizaciones desde 2020 superan los 1,6 millones de euros.
De acuerdo con ese estudio, la pandemia y las medidas y protocolos aprobados por el Ministerio de Sanidad y la Xunta han derivado en gastos que abarcan desde la contratación de personal hasta la adaptación de instalaciones, la obtención de EPI, la realización de test diagnósticos y la adquisición de material fungible y productos de limpieza. En este contexto, Fademga hace “un llamamiento a la responsabilidad” a Política Social para que habilite una dotación presupuestaria extraordinaria que compense estos sobrecostes.
