La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció ayer que el Gobierno dará un “impulso definitivo” a la reforma de la ley del aborto que, entre otras medidas, pretende que la actividad de los vientres de alquiler sea entendida como una forma de violencia contra la mujer. Montero señaló que la norma permitirá a las mujeres interrumpir el embarazo “cerca de su domicilio y en un centro público”. El derecho al aborto “está superado en España”, dijo, pero tiene que hacerse “efectivo” y evitar grandes desplazamientos.
