Con la vista puesta en el invierno, algunas comunidades buscan desde ya anticiparse a posibles rebrotes y abren el debate sobre cuestiones como la obligatoriedad del pasaporte COVID, de la vacuna para ciertos colectivos o de actuaciones preventivas en los colegios.
El Gobierno del País Vasco, por ejemplo, abrió ayer el debate en torno a la vacunación obligatoria de determinados trabajadores, aunque el Ejecutivo de Iñigo Urkullu confía es que sea algo que se decida de manera “uniforme” en toda España, de forma que ve “difícil” que el País Vasco adopte este tipo de medidas “si no están enmarcadas en una decisión” de ámbito estatal.
Además, la vacunación sigue preocupando a los presidentes autonómicos, que como el castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, hizo ayer un llamamiento a todas las personas que por algunas razones no lo han hecho todavía y remarcó que deben vacunarse “ya no por ellos, que también, sino por el bienestar de la población en su conjunto”.
Un llamamiento que también se realizó ayer desde el Gobierno de Cantabria y el de la Comunitat Valenciana. Precisamente, el valenciano Ximo Puig es quien puso sobre la mesa otra cuestión que afecta al conjunto de la población como el pasaporte COVID señalando que su gobierno “acelera los procesos de carácter legal para que se pueda implantar el certificado en determinados centros” y “proteger así a los más vulnerables”. Una medida que respalda el lehendakari vasco, pero que, como ocurre con la vacunación obligatoria de colectivos, quiere que se decida de manera uniforme en el conjunto del país, más aun cuando varios tribunales han tumbado diversas restricciones y se han declarado inconstitucionales los dos estados de alarma.
Lo que sí avanzó Urkullu es que hoy la consejera de Salud, Gotozone Sagardui, anunciará “nuevas directrices” en las zonas con una mayor incidencia en el País Vasco, que supera ya los 150 casos a catorce días.
