El Congreso de los Diputados aprobó ayer —esta vez de manera definitiva— la ley de la ciencia. El texto supone una reforma de la norma actualmente vigente (2011) y tiene tres objetivos fundamentales. El primero es blindar la financiación suficiente a las labores de Investigación y Desarrollo (I+D): el 1,25% del PIB de aquí al 2030. El segundo, reducir la burocracia y simplificar la carga administrativa en la petición de ayudas. Y el tercero (y quizá el más importante), otorgar estabilidad laboral a los científicos y trabajadores. En la votación final, los diputados rechazaron la enmienda que introdujo en su día el PP para que contratos temporales o definitivos se otorgaran en función de la financiación del proyecto: estatal o europea.

En junio, el Congreso ya dio luz verde a la ley. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, salió muy reforzada del debate y la posterior votación porque el texto se aprobó con 261 apoyos, 59 abstenciones y ni una sola papeleta negativa. La reforma legislativa busca reducir la precariedad laboral consagrando un nuevo contrato indefinido que no estará sujeto a la oferta pública de empleo y que estará dirigido a investigadores, técnicos y personal de gestión. También se podrán beneficiar de este modelo laboral, y con independencia de su nivel de formación, personas con experiencia y competencia suficiente. En el posterior debate en el Senado, sin embargo, se aprobó una enmienda del PP —a petición de la conferencia de rectores universitarios y los centros de excelencia— que modificaba el modelo contractual en función de los fondos con los que estuviera financiado el proyecto en el trabaja el investigador: estatal o europeo.

Contratos posdoctorales

En el debate, y antes de la votación, el diputado de ERC Joan Margall ya anunció que su partido se desmarcaba de la enmienda, así que la ley de la ciencia sale hoy aprobada tal cual se refrendó la primera vez en el Congreso: los contratos indefinidos se aplicarán con independencia de si el investigador trabaja en un proyecto con financiación estatal o europea. Para fomentar la estabilidad, la norma promueve los contratos posdoctorales de hasta seis años en universidades, fundaciones y consorcios del sector público. El texto contempla algo que la vigente ley no hacía: el derecho de indemnización, que también se aplicará a los contratos predoctorales. Además, el computo de la duración se interrumpirá cuando se soliciten permisos y excedencias por motivo de conciliación de la vida laboral y familiar. Con el objetivo de atraer científicos de prestigio, la nueva ley redefine el contrato de investigador distinguido. El texto contempla algo que la vigente ley no hacía: el derecho de indemnización.