El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite varios recursos de amparo presentados, fundamentalmente, por personas mayores y también por menores de edad contra decisiones judiciales que les obligan a vacunarse contra el COVID-19 para analizar si se vulnera el principio de igualdad y el derecho fundamental a la integridad física y moral.
Además de estos derechos, añade el alto tribunal en un comunicado, los recursos plantean un problema que afecta también al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar, sobre el que no hay doctrina constitucional.
Repercusión social
El asunto, según los magistrados del Tribunal Constitucional, “trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social”.
Casi todos los casos de este tipo que han llegado a los tribunales se han resuelto a favor de la inmunización. De los que han trascendido, solo una jueza de Tenerife dio la razón a la madre de un adolescente, contraria a la vacunación, y otra de Palencia reconoció la duda de un padre que se oponía ante la inexistencia de información sobre efectos adversos.
Argumentación
Los ciudadanos que han recurrido ante el Tribunal Constitucional estiman que la inoculación de un medicamento en fase experimental debe tener siempre carácter voluntario y, por lo tanto, consideran que las resoluciones judiciales que les obligan a vacunarse son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos no sólo en la Constitución española, sino también en los convenios y tratados internacionales.
