Los regantes del Tajo-Segura llevan al Supremo el nuevo recorte del trasvase que beneficia a La Mancha

La guerra del agua se libra en los tribunales. En esta ocasión el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha denunciado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por aplicar un nuevo recorte al ya recortado trasvase Tajo-Segura para el abastecimiento urbano de una quincena de municipios de La Mancha. Todos ellos situados en la Cuenca Alta del río Guadiana y con una población de 100.000 habitantes en su conjunto.

Este diario ya adelantó a finales de junio que el Gobierno central había decidido aplicar un nuevo recorte al agua que llega a la provincia de Alicante a través del trasvase del Tajo-Segura. De las cantidades aprobadas por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en los meses de mayo, junio y julio ya se han detraído más de 3 hectómetros cúbicos.

Fue durante el pasado mes de mayo cuando el Gobierno puso en marcha por primera vez esta medida. En esa ocasión también se eliminaron 1,24 hectómetros cúbicos de los 27 hectómetros cúbicos que se acordó enviar de la Cuenca del Tajo a la Cuenca del Segura. Y ello con el objeto de atender las necesidades de abastecimiento existentes en la conducción para la incorporación de recursos a la Llanura Manchega, la conocida como Tubería Manchega.

Es decir, se realiza un trasvase sobre otro trasvase. Del Tajo-Segura al Tajo-Guadiana.

Los regantes de la provincia de Alicante afectados por este recorte sobre el recorte ya existente consideran "indignante" este nuevo "tijeretazo" al agua que necesitan para regar los cultivos de la denominada Huerta de Europa.

"Esto es ilegal y se puede recurrir tanto administrativa como penalmente", señaló entonces Ángel Urbina, voz autorizada en el trasvase Tajo-Segura y presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Pues bien, un mes después el Sindicato Central de Regantes ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por este asunto.

Los afectados no se oponen a que el Gobierno central trasvase aguas a la Tubería Manchega siempre y cuando la captación de esos caudales se realice desde el embalse de Entrepeñas y Buendía. "Pero ahora se está haciendo ahora a costa de las aguas trasvasadas del Tajo al Segura y sobre una concesión no se puede dar otra porque, en ese caso, lo que están haciendo es quitarnos parte del agua que nos corresponde legalmente", puntualiza Urbina.

Para los afectados es otro agravio más para los regantes de Alicante por parte del Ministerio de Teresa Ribera. "Resulta que a los 3 hectómetros cúbicos que ya nos vienen recortando desde febrero, por el incremento del caudal ecológico del Tajo al pasar de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, se añade ahora 1 hectómetro cúbico más al mes para la Tubería Manchega. Son en total entre 45 y 48 hectómetros cúbicos lo que nos quitan al año del trasvase para regar los campos y eso supone un 25% menos de agua para la provincia", lamenta Ángel Urbina.

Tubería manchega

El abastecimiento a la Cuenca Alta del río Guadiana a través de la Tubería Manchega está contemplada en el Plan Hidrológico del Tajo con un límite de 50 hectómetros cúbicos. "Pero ese agua no puede proceder en ningún caso de la concesión del trasvase del Tajo-Segura porque es intocable por ley", subraya Urbina insistiendo en denunciar la "ilegalidad" que supone el nuevo recorte aplicado por el Ministerio que dirige Teresa Ribera, y al que contemplan exigir responsabilidades.

El desvío de los caudales del Tajo-Segura a La Mancha se comenzó a producir en mayo. Dos meses después de que finalizaran las obras de construcción de la Tubería Manchega que el presidente José María Barreda anunció en las Cortes en marzo de 2005. Una gran canalización de 180 kilómetros inaugurada por el nuevo presidente Emiliano García Page que lleva el agua desde el río Tajo a la Llanura Manchega.

"Resulta que los únicos que están respaldados por un marco legal somos los regantes del Levante. Sin embargo se nos reduce el agua por todos los conceptos posibles: por el incremento de los caudales, por las normas de explotación o por el puro capricho de la ministra. Pero para las tablas de Daimiel o para los municipios manchegos no hace falta ni siquiera respaldo legal para que se les dé agua. Nosotros tenemos un marco legal que se nos aplica con saña y rigor extremo mientras a otras zonas y usos, fuera incluso de la cuenca del Tajo, se les trasvasa agua sin base legal y sin ninguna contemplación ni rigor", ha indicado el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, subrayando que el Tajo no pertenece a la cuenca hidrográfica de la Llanura Manchega "y, por tanto, lo que se está haciendo es un trasvase al margen de la ley".

La organización agraria exigió a los responsables ministeriales que no se volviera a permitir este hecho pero sus requirimientos han sido obviados. "Estamos de acuerdo en que la Tubería Manchega reciba agua del Tajo pero que no sea a costa de la poca agua que nos envían a nosotros y que ya lleva incluido el recorte de un caudal ecológico que conviene recordar que, desde febrero, ha pasado de seis a siete hectómetros cúbicos".

Otro escollo para el campo alicantino después de que en los dos últimos meses la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya elevado al nivel 3 la situación de riesgo por falta de lluvias. Por lo que en aplicación de la normativa vigente se podría autorizar un trasvase de forma discrecional, pero motivado, de hasta 20 hectómetros cúbicos. Sin embargo el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido reducir finalmente el caudal a 15 hectómetros cúbicos tanto en junio como en julio. Cinco hectómetros cúbicos menos del limite permitido.

Acuíferos esquilmados

Y a todo ello se suma que mientras Castilla-La Mancha multiplica la cosecha de almendra secando los acuíferos, este mismo cultivo se hunde en Alicante.

En el territorio manchego se han plantado en los últimos años cientos de miles de hectáreas de almendros de regadío. Plantanciones que se nutren de unos acuíferos que cada vez aportan menos agua a los ríos por el desaforado nivel de explotación que sufren los pozos. Paradójicamente los mismos ríos cuyo caudal ecológico el Ministerio para la Transición Ecológica quiere preservar recortando de forma drástica los envíos de agua de las cuencas excedentarias a las cuencas deficitarias.

En este sentido el caso de la provincia de Alicante con el trasvase del Tajo-Segura es especialmente paradigmático.

"En hidrología hay un principio muy claro y muy básico. Los ríos se secan porque se esquilman los acuíferos, no porque un año no llueva", afirmaba esta semana José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante.

Sin embargo en Castilla-La Mancha siguen aumentando las fincas de almendro en regadío. Solo el año pasado se incrementó este cultivo un 7% lo que, según Andreu, explica claramente "la sobreexplotación en la que se encuentra inmerso el acuífero 23 de La Mancha que ha tenido como consecuencia que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se haya secado".

"Trato discriminatorio"

"Mientras en otras regiones de España se consiguen récord de producción, extrayendo agua de acuíferos en estado agónico, en nuestra provincia el cultivo que fue santo y seña de Alicante, languidece por las decisiones políticas que obligan a cerrar acuíferos sin el debido caudal sustitutivo a pesar de que lo hay a través del trasvase Júcar-Vinalopó. O bien por la aplicación de un programa de erradicación de la Xylella que ha acabado con el cultivo pero no con la enfermedad mientras la plaga de avispilla sigue avanzando", lamentaba Andreu insistiendo en denunciar el "desprecio sistemático que desde hace ya demasiados años" la provincia de Alicante viene recibiendo del Gobierno de España.

"Celebro sinceramente que nuestros compañeros los agricultores manchegos tengan éxito y les vaya bien, pero pido un trato similar para los agricultores alicantinos. Solamente eso, un trato similar", subrayaba el presidente provincial de Asaja.

Por todo ello desde el sector agrario de Alicante se vuelve a denunciar el "trato discriminatorio" del Gobierno central. Mientras a los agricultores alicantinos se les obliga a cerrar sus pozos y sufren recortes del trasvases del Tajo-Segura sin garantías de disponer aportes hídricos sustitutivos a corto plazo, aludiendo para ello a la imperiosa necesidad de preservar los acuíferos y el caudal ecológico de los ríos, en otras Comunidades Autónomas se están sobreexplotando sin aparentes restricciones las masas subterráneas de agua que nutren precisamente a los ríos.