El aumento de hasta 10 horas al mes por dependiente amenaza la ayuda en el hogar

Los concellos superan este año los 200 millones de gasto y en 2024 crecerán más por la subida de costes y la obligación de prestar más tiempo | La Fegamp alerta: “Estamos ahogados”

Una cuidadora del SAH junto a una usuaria.

Una cuidadora del SAH junto a una usuaria. / Casteleiro/Roller Agencia

Daniel Domínguez

Huelgas de personal que exigen mejoras salariales, empresas que renuncian a prestar el servicio por problemas de viabilidad, alertas por parte de los ayuntamientos ante la presión económica que supone... El servicio de ayuda en el hogar (SAD) en Galicia acumula problemas justo el año en que el gasto municipal superará por primera vez los 200 millones de euros, cifra que en 2024 aumentará debido no solo a los nuevos contratos que se están licitando con precios más altos, sino también a una decisión del Gobierno central para elevar el tiempo que se presta a los dependientes, que pueden aumentar hasta 10 horas mensuales por cada uno de los 25.000 usuarios del servicio. “Estamos ahogados”, alertó ayer el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela.

El servicio de ayuda en el hogar es una competencia municipal que consiste en una prestación a los dependientes para realizar tareas domésticas o de cuidados durante un tiempo determinado en función del grado de dependencia de cada usuario. Un trabajador acude a su domicilio para hacerle la comida, las camas o ayudarlo a ducharse, por ejemplo.

El año pasado se produjo una decisión judicial que alteró los planes económicos municipales. La Audiencia Nacional dictaminó la obligación de que las empresas que prestan este servicio les subiesen un 6,5% el salario a las cuidadoras, aplicando el convenio que obliga a repercutir en la nómina el Índice de Precios al Consumo (IPC). Esa cifra corresponde a 2021 y queda aplicar el de 2022.

Esa situación motivó un encarecimiento de los nuevos contratos e incluso renuncias por parte de algunas concesionarias. El coste por hora pasó de 12 euros por hora a una media de 19 e incluso con casos de 25, como alertó ayer el presidente del Fegamp. El órgano de poder local en la comunidad exige más fondos a la Xunta para cofinanciar ese servicio, que este año contribuirá a que el gasto social de las entidades locales gallegas pueda superar por primera vez la barrera de los 500 millones de euros.

A esta circunstancia se añade desde el mes pasado una decisión del Gobierno central para mejorar las cuantías abonadas dentro de la Ley de Dependencia, que afectan también a la ayuda en el hogar, incrementando hasta 10 horas mensuales por usuario el servicio. Los dependientes moderados (grado I) recibían hasta entonces un servicio de 12 a 30 horas mensuales, que ahora debe ser de 20 a 37; los de grado II (severos) pasan de una horquilla de 30 a 55 a otra de 38 a 64; y los grandes dependientes (grado III, de una de 55 a 90 a otra de 65 a 94. Para lograr la mejora, cada dependiente debe pedir una revisión.

La Fegamp reclamó una nueva reunión con el equipo de la Consellería de Política Social para abordar esta cuestión, así como la gratuidad de la educación infantil en la comunidad, impuesta por la Xunta, pero que no financia al 100% en el caso de las guarderías de titularidad municipal.

El presidente de la Fegamp pidió más fondos al Ejecutivo autonómico ante el incremento del precio de la hora del SAD, que alcanza picos de 25 euros la hora. “Los concellos están ahogados y para los más pequeños la situación es inasumible”, expuso Varela ayer antes del encuentro. En el caso de las guarderías, denunció que la Xunta financia hasta 300 euros por plaza en los centros privados y aporta 165 para las municipales.

Por su parte, Política Social garantizó que “analizará el acuerdo” firmado entre amas partes, pero el director xeral de Infancia, Jacobo Rey, recordó que ese pacto establecía que la Xunta aportaría una financiación de 12 euros por hora para el SAH en 2024, decisión que se adelantó a este año hasta sumar una aportación de 112 millones (de los que 65 son estatales) para “un servicio de competencia municipal”.

En el caso de las guarderías, Política Social cede 7,7 millones a los concellos y paga 55 para que el servicio sea gratuito. Garantizó más fondos para los concellos si el Gobierno central aporta dinero para esta cuestión.

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