Los obispos cargan contra la encuesta del Defensor del Pueblo sobre pederastia

El presidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, ha vuelto a pedir “perdón a todas las personas”, especialmente a las víctimas y sus familias, que han sufrido abusos sexuales y ha aseverado que, “desde hace ya tiempo”, están “endureciendo y revisando” todos sus protocolos de seguridad y formación.

Durante su discurso inaugural en la CXXIII Asamblea Plenaria de la CEE, que se celebra desde ayer y hasta el viernes en la sede de la institución, Omella también se mostró muy crítico con el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Manifestó “el dolor y el malestar” que han sufrido ante la “difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación” de los datos de la encuesta llevada a cabo por GAD3 con más de 8.000 entrevistas telefónicas, y publicada en el Informe del Defensor del Pueblo.

Ese sondeo estima que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbito eclesiástico. Es un porcentaje equivalente a unas 440.000 personas, una cifra que no figura en el informe, pues el Defensor prefirió no hacer extrapolaciones.

“¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra misión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”, demandó el cardenal Juan José Omella. “Las encuestas no son fiables porque no hay forma de confirmar la veracidad de la respuesta”, remarcó.

Además, el presidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal aseguró que han revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y les “resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados”. Según el presidente de la CEE, el “drama” de los abusos “afecta a uno de cada cinco niños en Europa” y “la mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima”, lo que provoca que “apenas se produzcan denuncias ante el miedo a que un pariente pueda acabar en la cárcel”.

“Nuestra lucha contra toda clase de abusos debe continuar sin cesar, pero al mismo tiempo afirmamos que permanecen intactas nuestra estima y confianza a los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia”, afirmó. “Los obispos queremos ofrecer nuestro apoyo a todos ellos. Y aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a los fieles católicos animándolos a que les muestren su aprecio y confianza. Seamos justos y no juzguemos precipitadamente”, agregó.

“De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Institución. Con franqueza y sin rodeos, manifestamos que entendemos y valoramos completamente el daño causado. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio”, manifestó.

Los obispos españoles presentarán a lo largo de esta semana el plan de reparación integral para víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.

Pactos de investidura

Por otra parte, el cardenal Juan José Omella, dijo ayer confiar en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recientemente investido, “trabaje activamente con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura”.

“Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978, que culminó el intenso camino de la Transición”, manifestó.

A juicio del presidente de la CEE, “cualquier acuerdo que trate de modificar el statu quo, pactado por todos los españoles en la Constitución de 1978, debería contar no solo con el consenso de todas las fuerzas políticas” del arco parlamentario, sino que también “es necesario que cuente con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, ya que de no ser así tales pactos solo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles”.

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