La Audiencia Nacional y la Fiscalía estudian denuncias por efectos adversos del Nolotil
Las afectados reclaman que se mejore la indicación del fármaco y que se prohíba su prescripción a pacientes del Reino Unido, EE UU y Suecia
c. gallardo / n. Salinas
La Audiencia Nacional y la Fiscalía de Madrid analizan en dos ámbitos diferentes, el penal y el contencioso-administrativo, las responsabilidades que pudieran derivarse de los efectos adversos del Nolotil en algunas personas, como es la población flotante procedente de países como el Reino Unido, EE UU y Suecia, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF).
El colectivo ha demandado al Gobierno español tras recabar unos 350 casos de agranulocitosis, una reacción adversa que reduce los glóbulos blancos y aumenta el riesgo de infecciones que pueden ser mortales, por el uso de este analgésico, que es el de uso más común en nuestro país. Por ello, reclaman que se mejore la indicación del fármaco y no se prescriba en población flontante. En su mayoría, estos casos han sido recogidos entre 1996 y 2023, según señalan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, fuentes de la asociación. Las acciones judiciales han sido preparadas por el Bufete Almodóvar & Jara, que ya ha representado ante la justicia a víctimas de otros fármacos como el antimenopausia Agreal, un asunto pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
Contraponen lo que ocurre en España con países como Suecia, donde se prohibió la comercialización del metamizol —que es el principio que en España se vende bajo la marca comercial de Nolotil— definitivamente en 1999, tras recibirse catorce notificaciones de agranulocitosis desde 1995.
La vía contencioso-administrativa fue la primera elegida por la asociación, presidida por Cristina García del Campo, para buscar la acción de la justicia el pasado mes de noviembre. En este caso, se demandó al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por su “inacción a la hora de proteger a la ciudadanía de los riesgos del metamizol comercializado por la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim.
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