Las víctimas de violencia de género crecen un 5% en Galicia en 2023 y superan las 7.000

El fenómeno de la violencia contra la mujer aumenta en la comunidad gallega, de acuerdo con los datos provisionales del año 2023, que cerró con más de 7.000 víctimas, lo que supone un 5% de crecimiento sobre 2022. Para Fernando Suanzes, fiscal Superior de Galicia, se trata de “datos preocupantes”, ya que el año pasado hubo tres mujeres asesinadas, frente al ejercicio anterior, en el que no se contabilizó ninguna muerte.

Suanzes detalló que 69 menores fueron víctimas de violencia vicaria por parte de las parejas de mujeres que sufrieron violencia, así como que las sentencias aumentaron 15% y las órdenes protección dictadas un 1%. El fiscal Superior señaló que hay una mayor concienciación social y más denuncias, por lo que las calificaciones fiscales por violencia subieron un 13% y que las más frecuentes son las de maltrato ocasional y habitual, así como los quebrantamientos de medidas cautelares o de condenas.

El responsable de la Fiscalía gallega proporcionó estos datos con motivo de la reunión de trabajo de los delegados de violencia de la mujer de la comunidad con la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, que tenía por objeto reforzar la coordinación y aplicar “criterios uniformes y coherentes”, ya que aseguró que este tipo de delincuencia es “una de las principales preocupaciones y prioridades de la Fiscalía gallega y de la española”.

Suanzes puso de relieve que en la actualidad solo hay juzgados exclusivos para violencia de género en A Coruña y Vigo, por lo que considera necesario que se creen en todas las ciudades gallegas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha solicitado que en una de ellas, Santiago, tenga un ámbito comarcal, de forma que aborde también los casos de los juzgados de Ribeira, Negreira y Padrón. El fiscal Superior rehusó dar un plazo para que se creen esos juzgados porque la decisión le corresponde al Gobierno.

Teresa Peramato comentó que la evolución de esta criminalidad en el conjunto nacional es similar a la gallega, ya que si los feminicidios habían descendido a 50 en 2022 desde los 76 de 2006, el año pasado subieron a 59, lo que calificó de “repunte importante”. La fiscal de Sala consideró “muy difícil hacer un diagnóstico” de este aumento porque en este tipo de delitos “hay muchos factores y se producen en contextos muy diversos”, pero que la unidad coordinadora está haciendo un “análisis pormenorizado de la vulnerabilidad” que tiene en cuenta aspectos como la ruralidad, la discapacidad y la nacionalidad, tanto en los asesinatos consumados como en los intentados, que fueron 42 en 2023.

Sobre los crímenes cometidos en el medio rural apuntó que las muertes en poblaciones menores de 50.000 habitantes supusieron en torno al 40% del total el año pasado, mientras que en las de y 20.000 se situó en el 30%. Para Peramato, este dato “pone en evidencia las dificultades de las mujeres para acudir a los recursos que le puedan facilitar apoyos, acompañamiento o auxilio para salir de la violencia o incluso denunciar,”. Por esta razón, afirmó que “la lejanía de los recursos es uno de los temas en los que hay necesidad de revertir”, ya que, a pesar del aumento de las denuncias por parte de las víctimas, que se estima actualmente entre el 25% y el 28%, el tiempo que se tarda en el mundo rural en presentarlas es “mucho mayor” de los 8 años y 8 meses en que se fija la media general “por la lejanía a recursos” y el “estigma que supone” hacerlo en ese contexto.

Peramato defendió también la necesidad de extender la protección a los menores porque son utilizados por los agresores para ejercer un mayor control y violencia sobre las mujeres, incluso después de la ruptura de la relación. “Si no les protegemos a ellos no protegemos a sus madres”, advirtió.

Sobre las visitas de condenados por violencia sobre la mujer a sus hijos, la fiscal recordó que se modificaron el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no se autoricen si se fija una orden de protección para el padre investigado. En el caso de que ya hubieran sido permitidas, se suspenden si el menor sufrió violencia, la presenció o convivió con ella. “La regla general es que no puede haber visitas salvo por el interés general del niño y tras evaluar la relación paterno filial”, dijo Peramato, para quien “proteger a los niños en ese contexto es fundamental si queremos proteger a sus madres” ya que desde 2013 fueron asesinados 52.

También señaló la preocupación de los fiscales por el quebrantamiento, de las órdenes de protección, así como por los agresores con antecedentes con parejas anteriores y las mujeres que no se consideran víctimas y no colaboran con la Justicia.